Planteamientos

 

Lucha antidrogas y cooperación internacional

Por Alfredo Palacios Dongo


Pasó desapercibida la visita oficial al Perú del subsecretario de Estado de los EE. UU. James Steinberg el pasado día 14, quien tras reunirse con el presidente Alan García aseguró que su país seguirá colaborando en el fortalecimiento de cultivos alternativos a la hoja de coca para combatir el narcotráfico, indicando además que existe un proyecto de adquisición de helicópteros para el VRAE, sobre el cual el ministro de Defensa Rafael Rey manifestó desconocer.

 

También Steinberg recibió de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso el documento “Cooperación Internacional para la Lucha Contra las Drogas en el Perú”, en el cual se señala que a la vez que los fondos de cooperación norteamericana empezaron a declinar, en el 2007 se agotaron casi la totalidad de los ofrecimientos de cooperación efectuados en la reunión de 1998 del Grupo Consultivo de Bruselas.

Lo cierto es que alrededor del 90% de la cooperación recibida en el Perú para la lucha antidrogas proviene de EE. UU., pero ha disminuido drásticamente en más del 50%, desde US$ 120 millones el 2004, hasta US$ 57 millones el 2010. Esta reducción se debería a: 1) Los magros resultados de nuestra estrategia antidrogas; según los 4 últimos monitoreos de cultivos —entre 2004 y 2008— de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se ha incrementado sostenidamente el cultivo de hojas de coca, de 48,200 a 56,100 hectáreas (variación promedio anual +5.3%) y la producción de cocaína, de 260 a 302 toneladas (+5.2%); 2). La disminución en el envío de cocaína a EE. UU. desde el Perú, siendo actualmente Europa el principal destino; 3) La crisis financiera internacional; y 4) Los elevados recursos que EE .UU. destina al Plan Colombia, sumando más de US$ 6,000 millones desde el año 2000.

Bajo este panorama y considerando que la cooperación europea es mínima, el gobierno debe reiterar a EE. UU. y la Unión Europea, con argumentos y convicción, sobre la corresponsabilidad como compromiso obligado entre países productores y consumidores, ya que la amenaza del narcotráfico y las drogas afecta la seguridad y gobernabilidad de todas las naciones.

Asimismo, el gobierno debería incrementar los irrisorios recursos que asigna para enfrentar el narcotráfico, el que coludido con el terrorismo avanza peligrosamente en nuestro país, distorsionando la economía y el desarrollo, alterando la convivencia social, y como factor de corrupción atentando contra los valores e instituciones, pudiendo además convertirnos a corto plazo en el primer país productor de cocaína a nivel mundial.

Expreso, 30.01.2010