¡Tasas judiciales ahorcan al querellado!

juez corruptoPor Herbert Mujica Rojas
 
Si usted es escritor o periodista o simplemente es querellado, (demandado) judicialmente, por difamación agraviada tiene muy pocos caminos, ninguno signado por la justicia sino por las tasas millonarias que impone el querellante (la persona natural o empresa que lo enjuicia) y con anuencia de la Corte Suprema que ha determinado que las tasas para que usted se defienda se establecen de acuerdo al monto querellado (¡imagínese que cualquier chiflado le reclama US$ 1 millón de dólares como reparación civil!) y porque estas tasas se las reparten los magistrados como “bono de productividad” cada fin de mes.


 
Así como lo lee. El que demanda pide en su denuncia por difamación lo que se le antoja. Que se sepa en Perú ¡ni una sola querella es rechazada por jueces ávidos de casos! Peor aún: sólo en el supuesto de difamación en que incurren escritores o periodistas y para el simple hecho de defenderse hay que pagar esas malhadadas tasas, cuantas veces se tenga que apelar. ¡Vaya que son muchas apelaciones!, ya que usualmente se declara nula una sentencia impugnada y se ordena expedir un nuevo fallo que será apelable por cualquiera de las dos partes en controversia, previo pago de ¡una nueva tasa!
 
La mañosería es ínsita. Empresas que demandan a sabiendas que van a perder, resultan ganadoras por la simple razón que el querellado no puede pagar la tasa en base a montos de reparación civil enormes adrede.
 
Conozco varios casos y por desgracia soy protagonista involuntario de los mismos y a cargo de una sola empresa: gerente, jefe de seguridad, abogados, que me demandan por difamación agravada —según ellos— y en uno de esos casos se solicita la ominosa suma de US$ 500 mil como reparación civil. El lector atento habrá deducido ya que para apelar, ejerciendo mi derecho de defensa, tengo que pagar una tasa de aproximadamente S/ 1,800 soles ¡por cada apelación!. Si no pago, pierdo y no por la dudosa e inexistente justicia de la querella sino por ¡no poder honrar lo que la Corte Suprema establece y con la satisfacción inmensa del querellante que, de ese modo, ahoga al querellado! ¿Y la justicia? En Perú dicha virtud se toma vacaciones casi doce meses al año.
 
En otro caso, el juzgado determina pena mínima y el querellante apela. Sube a la Corte Superior y para ejercer la defensa hay que pagar la tasa, esta vez por el porcentaje equivalente a lo que corresponde a los S/ 100 mil soles que pide el demandante. Y el asunto puede ascender hasta la Suprema con pago de tasas aún mayores que las de primera instancia y volver al juzgado de origen para que expida un nuevo fallo y siendo apelado vendrás tasas, tasas y más tasas, esas que ahorcan al querellado y planteada por abogados mañosos y que personifican la angurria por seguir cobrando miles de dólares a su cliente. A sabiendas que pueden ganar anegando en cifras al demandado.
 
En buen castellano:
 
a) las tasas para apelación son el “bono de productividad” que cobran los jueces mensualmente, a más tasas, mayores ingresos;
 
b) las tasas son un porcentaje de la demanda que por reparación civil exige el querellante (es decir cualquier hijo de vecina o empresa que considera que debe eliminar de su panorama a periodistas o escritores incómodos).
 
c) Estas tasas se pagan en varias ocasiones, igual al número de veces que haya que apelar o impugnar los fallos, que pueden llegar hasta la Corte Suprema, es decir, recorrer tres instancias, como en ningún otro proceso penal.
 
¿Que esto es injusto? ¿Y a quién le importa?
 
El lunes 21-11-2011 en el diario La Primera se publicó el magnífico resumen que hizo Raúl Wiener sobre la absolución* que recibió el que esto escribe en un juicio por difamación planteada por la firma perseguidora de periodistas, Lima Airport Partners, LAP. El documento que contiene 13 fundamentadas páginas y sólidos argumentos desbarató —hizo trizas— las reclamaciones de LAP. Y este fallo** podrá ser invocado por cualquier periodista o escritor que tenga tras de sí y por causa de querella por difamación agravada, a empresitas cuestionables que se hacen acompañar por abogángsteres capaces de cualquier cosa.
 
A la fecha han transcurrido ¡7 días! y nadie se preocupó del asunto, dio cuenta de aquella absolución o mencionó el caso que tiene ribetes de modesta singularidad: un periodista sin diario, radioemisora o canal televisivo de respaldo, con apenas abogados amigos y sin dinero, logra proezas judiciales a pesar de la presión inmensa y poderosa del estudio abogadil de LAP.
 
Para combatir este vicio de las tasas que ahorcan a los querellados anuncié ¡Comenzó Operación Sombrerito!
Evalúe usted el asunto y si tiene peleas como estas, no deje de usar la absolución que me otorgó el 31 Juzgado Penal de la Corte Superior.
 
Y el Sombrerito, también, le da la bienvenida.
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*¡Jueces desoyen a LAP que persigue a periodistas!

**¡Humillante derrota de LAP!