La celeridad con que la Junta de Portavoces del Congreso de la República agendó y aprobó por insistencia modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene una evidente explicación: el mandato de la CONFIEP.
Esto se verifica con la carta enviada por Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio de los grupos de mayor poder económico en Perú.
Alfonso Bustamante Canny estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.) y ha sido presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) y del directorio de la Corporación Financiera de Inversiones (CFI).
La misiva de la CONFIEP ingresó el 13 de diciembre dirigida a Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso. La Junta de Portavoces decidió agendarlo en la sesión plenaria del jueves 14 de diciembre.
De esta manera, en menos de 24 horas el Pleno del Congreso aprobó la modificatoria con 69 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones.
El servilismo del Congreso de la República que opera al servicio de intereses empresariales ha sido inmediatamente rechazado por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil.
Más de 200 organizaciones y 1100 personas al sábado 16 de diciembre expresan a través de un pronunciamiento su rechazo a las modificaciones de la Ley Forestal y Fauna Silvestre que promueve la deforestación en la Amazonía.
Advierten que se crearía un mal precedente jurídico y social al otorgar impunidad a empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años.
Además, pone al país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ y el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, entre otros.
Es importante recordar que la iniciativa legislativa fue archivada en marzo de 2023 con un amplio rechazo que incluía a instituciones del sector público.
Pero esta vez volvió a la agenda del Congreso tras una reconsideración planteada por la parlamentaria fujimorista Nilza Chacón Trujillo.
El pronunciamiento ciudadano llama a la Defensoría del Pueblo y a los ministerios de Desarrollo Agrario, Cultura y Ambiente a que mantengan su posición firme de rechazo a la iniciativa legal como lo han hecho en anteriores ocasiones.
Por el momento, instituciones claves del sector involucrado con la protección de los bosques y la biodiversidad guardan silencio y se desconoce si han recibido cartas de la CONFIEP.
Servindi, 16.12.2023
