Gobiernos locales deben sumarse a esfuerzo nacional por la simplificación administrativa
CCL destaca presentación de la Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa
El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Ing. Carlos Durand Chahud, consideró muy positivo el lanzamiento, por parte de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la Política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa, pues contribuirá a mejorar la calidad de servicios que brinda el Estado, con lo cual se elevará la competitividad nacional.
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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Ing. Carlos Durand Chahud, consideró muy positivo el lanzamiento, por parte de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la Política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa, pues contribuirá a mejorar la calidad de servicios que brinda el Estado, con lo cual se elevará la competitividad nacional.
“Para la CCL esta presentación es muy importante, porque pone de manifiesto la seriedad con la que la PCM ha asumido la tarea de promover la competitividad del Estado y del país. Es necesario también mencionar que en esta cruzada en pro de la competitividad ha participado tanto el sector público como el privado”.
El Ing. Carlos Durand también dijo que el lanzamiento de esta política se une a una serie de esfuerzos, tales como la puesta en vigencia de la Ley de Silencio Administrativo, la cual obliga a las instituciones públicas a reducir trámites y costos de sus servicios.
“Sin embargo, a la fecha existe un número reducido de entidades públicas del país que han cumplido con adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la Ley de Silencio Administrativo, que entró en vigencia hace más de dos años”, dijo.
Si bien destacó que el 100% de los organismos públicos autónomos, el Congreso de la República, el Poder Judicial y los 16 ministerios han cumplido con actualizar su TUPA, refirió que de las 2.184 entidades públicas que existen en el país, menos de la mitad han actualizado su TUPA.
El grueso de instituciones públicas que no han cumplido con simplificar su trámites se concentra en los municipios. En consecuencia, el presidente de la CCL formuló un llamado a los gobiernos locales para que se sumen a los esfuerzos nacional a favor de la simplificación administrativa.
Escalar en el ranking
El líder empresarial afirmó que la simplificación de los procedimientos administrativos conllevará a la reducción de plazos, requisitos y costos de los mismos, creando así un clima de negocios adecuado, que permitirá mejorar nuestra posición los reportes de medición de competitividad, como el Doing Business (Banco Mundial), el Global Competitiveness Report (de The World Economic Forum) y el Municipal Scorecard, entre otros.
De acuerdo con el Informe Doing Business 2010, el Perú se encuentra en el puesto 112, de 183 países, en el indicador de apertura de negocios. En el Perú, se deben realizar 9 trámites, que toman 41 días y con un costo de 24.5% del ingreso per cápita.
De acuerdo con el presidente de la CCL, en esta tarea juegan un rol muy importante las municipalidades, “en las cuales se ha detectado trabas para la obtención de licencias, lo cual desalienta la formalización de las pequeñas empresas”, mencionó.
Además, mencionó que diversos municipios no acatan la Ley de Silencio Positivo, otras exigen la renovación anual de licencias, a pesar que la licencia es permanente.
“Por ello, la CCL impulsa una campaña para monitorear la eliminación de las barreras burocráticas, pues ello mejorará la competitividad del Perú. Los gobiernos regionales y locales deben interiorizar que estas reformas son positivas, porque les van a permitir recaudar más y mejor”, concluyó.
El Ing. Carlos Durand también dijo que el lanzamiento de esta política se une a una serie de esfuerzos, tales como la puesta en vigencia de la Ley de Silencio Administrativo, la cual obliga a las instituciones públicas a reducir trámites y costos de sus servicios.
“Sin embargo, a la fecha existe un número reducido de entidades públicas del país que han cumplido con adecuar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a la Ley de Silencio Administrativo, que entró en vigencia hace más de dos años”, dijo.
Si bien destacó que el 100% de los organismos públicos autónomos, el Congreso de la República, el Poder Judicial y los 16 ministerios han cumplido con actualizar su TUPA, refirió que de las 2.184 entidades públicas que existen en el país, menos de la mitad han actualizado su TUPA.
El grueso de instituciones públicas que no han cumplido con simplificar su trámites se concentra en los municipios. En consecuencia, el presidente de la CCL formuló un llamado a los gobiernos locales para que se sumen a los esfuerzos nacional a favor de la simplificación administrativa.
Escalar en el ranking
El líder empresarial afirmó que la simplificación de los procedimientos administrativos conllevará a la reducción de plazos, requisitos y costos de los mismos, creando así un clima de negocios adecuado, que permitirá mejorar nuestra posición los reportes de medición de competitividad, como el Doing Business (Banco Mundial), el Global Competitiveness Report (de The World Economic Forum) y el Municipal Scorecard, entre otros.
De acuerdo con el Informe Doing Business 2010, el Perú se encuentra en el puesto 112, de 183 países, en el indicador de apertura de negocios. En el Perú, se deben realizar 9 trámites, que toman 41 días y con un costo de 24.5% del ingreso per cápita.
De acuerdo con el presidente de la CCL, en esta tarea juegan un rol muy importante las municipalidades, “en las cuales se ha detectado trabas para la obtención de licencias, lo cual desalienta la formalización de las pequeñas empresas”, mencionó.
Además, mencionó que diversos municipios no acatan la Ley de Silencio Positivo, otras exigen la renovación anual de licencias, a pesar que la licencia es permanente.
“Por ello, la CCL impulsa una campaña para monitorear la eliminación de las barreras burocráticas, pues ello mejorará la competitividad del Perú. Los gobiernos regionales y locales deben interiorizar que estas reformas son positivas, porque les van a permitir recaudar más y mejor”, concluyó.
