Consenso nacional para el impuesto a las sobreganancias
Por Humberto Campodónico
La propuesta del impuesto a las sobreganancias mineras ha pasado por varias etapas en el Perú. En la campaña electoral del 2006, cuando ya había comenzado el alza excepcional de precios de los minerales —y del petróleo— fue levantada por los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, Alan García y Ollanta Humala.
Ya en la Presidencia, García la dejó de lado e implantó un remedo, el tristemente célebre óbolo. Aun así, esto fue lo que dijo el 28 de julio del 2006: “En los últimos años los precios de los minerales han aumentado mucho y esto no podían anticiparlo ni el Estado peruano ni las empresas, que no esperaban una ganancia tan grande. Entonces, si las empresas ganan más por esta situación que no depende de su propia tecnología y competitividad, es justo que esa ganancia deba beneficiar algo más al país”.
Del 2006 al 2010, el precio de los minerales siguió en aumento pero el gobierno no hizo nada para que esa ganancia beneficie algo más al país. Esta oportunidad perdida significa miles de millones de dólares que hoy podrían servir como “pan para mayo” en nuestras arcas fiscales.
En estas elecciones los “lobbies” promineros y sus socios impulsaron una fuerte campaña mediática para impedir que el tema volviera a las primeras planas. Uno de los principales opositores fue, como no, PPK quien calificó como un “engañamuchacho” la propuesta de sus contendores Ollanta Humala y Alejandro Toledo, respecto a que se aplique un impuesto a las sobreganancias mineras” (RPP, 2 de abril).
Efectivamente, Humala y Toledo plantearon un impuesto a las sobreganancias mineras, aunque con matices en su formulación. Lo interesante, e importante, fue que poco a poco apareció un nuevo consenso. Así, nada menos que el saliente presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, dijo:
“A nadie le gusta pagar más impuestos, pero si es justo, es justo. Si hay que participar de las ganancias extraordinarias de un momento de coyuntura habría que hacerlo cuidando siempre que los destinos de los fondos sean para mejorar las condiciones de vida de la población” (18/2/2011). Importante, ¿no?
A esto se sumaron voces como la de Miguel Palomino, del IPE, quien dijo en La Hora N que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos). De su lado, Martín Belaunde, de Solidaridad, si bien se opuso al impuesto a las sobreganancias, dijo que aplicar mayores regalías era un tema distinto, planteando que el Congreso estudie técnica y legalmente la posibilidad de establecer una regalía de ámbito nacional pero solo en función de las mayores cotizaciones de los metales.
Hace dos días, ni más ni menos que Keiko Fujimori acaba de decir: “Creo que los organismos reguladores tienen que ser mucho más fuertes. Además, debe haber un impuesto a las sobreganancias para las empresas mineras, que hoy están ganando muchos recursos” (25 abril, 2011).
Esta larga marcha que ha tenido que recorrer el impuesto a las sobreganancias mineras no hace otra cosa que ponernos al día con los cambios en las leyes mineras mundiales que ya han tenido lugar en Israel, Chile, Australia y Azerbaiján, para solo nombrar algunos países. Es un consenso que los Estados —y sobre todo los más pobres— deben recibir una renta más adecuada de los altos ingresos de las empresas mineras (que no dependen de su propia tecnología y competitividad, García dixit).
En buena hora. Esto hará posible negociar con las empresas mineras en mejores condiciones, pues partimos de un consenso nacional, con PPK excepciones.
www.cristaldemira.com
