Minería: el estado es culpable del rechazo
Con el caso Majaz tenemos dos sectores en conflicto: los pobladores de la zona por un lado y por otro la compañía minera promovida por el estado. ¿Por qué tenemos conflicto en lugar de inversión y bienestar?
Con el caso Majaz tenemos dos sectores en conflicto: los pobladores de la zona por un lado y por otro la compañía minera promovida por el estado. ¿Por qué tenemos conflicto en lugar de inversión y bienestar?
Siendo el Perú un país con abundantes recursos mineros, no recién descubiertos, sino que son actividades que se realizan desde el incanato, resulta incomprensible que hasta ahora no tengamos un estado capaz de promover la minería de manera que se realice en condiciones que beneficien al país y a los inversionistas.
El estado no sólo es responsable de dar las normas e incentivos que atraigan a los inversionistas, sino de garantizar que la minería se realice con respeto al medio ambiente, a las leyes laborales y con la tributación debida al estado.
Sin embargo, casos como los de La Oroya con Doe Rum y la abundante contaminación con plomo, o el de Cajamarca con Yanacocha, que ha contaminado con mercurio las fuentes de agua, o el de Casapalca, que mantuvo en condiciones infrahumanas a los trabajadores, evidencian la incapacidad del gobierno para promover de verdad la minería, con el agravante de sostener una postura sumisa respecto de la tributación, pues lejos de establecer reglas claras, solicita una casi limosna a los empresarios.
Medio ambiente
Las mineras en realidad están actuando según su buena voluntad, es decir, hay aquellas que respetan estándares aceptables, mientras que otras destruyen el ambiente sin que el estado ejerza el control debido al cual está obligado. Peor aún es la proliferación de actividades informales, causantes de la contaminación de agua, aire, suelos y hasta mar.
Con este descuido y abandono del estado, inocultable por todas partes, resulta insólito que el estado se queje de la aparición de organizaciones de defensa del medio ambiente. Si el caso fuese que, cumpliendo su deber, el estado controlase todas estas actividades de modo que respeten los ecosistemas, las ONGs y organizaciones de pobladores no tendrían razón de ser. Pero es el mismo estado el que da lugar a su accionar, pues tratan de llenar el vacío en el control que corresponde al estado.
Condiciones laborales
De igual manera, cuando las empresas quieren, pocas de ellas respetan todos los derechos de sus trabajadores y les otorgan buenas remuneraciones. Por otro lado, muchas minas mantienen a los trabajadores con remuneraciones miserables y hasta sin beneficios laborales, burlando a la ley mediante la intermediación laboral.
¿Acaso los pobladores no apoyarían a las actividades mineras si viesen que sus hijos, familiares y amigos estuviesen obteniendo buenas condiciones de vida con su trabajo en las minas? Claro que sí. Pero esto no es la realidad. Lo que ven es que los trabajadores, tras años de esfuerzos, agotan sus fuerzas y su salud y deben retirarse con un cuerpo debilitado, limitado para cualquier actividad, además de tener pensiones miserables, si es que las obtienen.
En este punto volvemos a la incapacidad del estado, pues pese a haber contratado mayor número de inspectores, el Ministerio de Trabajo detecta casos graves cuando son ya escándalo mayúsculo. Muchas veces, pese a las violaciones reiteradas de las leyes laborales, no hay sanciones. ¿Por qué no se quiere establecer la sanción de cierre para casos reiterados? El incumplimiento de las leyes laborales podría acarrear inclusive la muerte de los trabajadores, por ejemplo cuando no se respetan las normas de seguridad laboral. ¿Por qué sí hay cierre que la SUNAT es capaz de ejecutar sobre cualquier empresa que no tribute, pero no sobre los que burlen las leyes laborales? La respuesta es que una normatividad con estas características responde a la no valoración de la persona, pues se la coloca en una condicion inferior a la de los tributos.
Tributación
Por último, las sobreganancias mineras no se han regulado como debiera ser, pues lejos de establecer normas claras, el gobierno se ha dedicado a pedir contribuciones voluntarias a las empresas mineras, con el agravante que no es el estado quien decide qué hacer con ellas, sino que es la misma empresa la que hará con ellas lo que crea conveniente. Se trata pues de una absurda sumisión del estado a las empresas mineras.
Ante tanta incapacidad, la pregunta es, ¿es sólo incapacidad o es incapacidad adrede, con pagos bajo la mesa?
De modo que no es tiempo de echarse a llorar y culpar a las ONGs, a la Iglesia ni a los pobladores, es el mismo estado el causante del rechazo a la actividad minera, pues ha abdicado de su rol de verdadero promotor.
El estado no sólo es responsable de dar las normas e incentivos que atraigan a los inversionistas, sino de garantizar que la minería se realice con respeto al medio ambiente, a las leyes laborales y con la tributación debida al estado.
Sin embargo, casos como los de La Oroya con Doe Rum y la abundante contaminación con plomo, o el de Cajamarca con Yanacocha, que ha contaminado con mercurio las fuentes de agua, o el de Casapalca, que mantuvo en condiciones infrahumanas a los trabajadores, evidencian la incapacidad del gobierno para promover de verdad la minería, con el agravante de sostener una postura sumisa respecto de la tributación, pues lejos de establecer reglas claras, solicita una casi limosna a los empresarios.
Medio ambiente
Las mineras en realidad están actuando según su buena voluntad, es decir, hay aquellas que respetan estándares aceptables, mientras que otras destruyen el ambiente sin que el estado ejerza el control debido al cual está obligado. Peor aún es la proliferación de actividades informales, causantes de la contaminación de agua, aire, suelos y hasta mar.
Con este descuido y abandono del estado, inocultable por todas partes, resulta insólito que el estado se queje de la aparición de organizaciones de defensa del medio ambiente. Si el caso fuese que, cumpliendo su deber, el estado controlase todas estas actividades de modo que respeten los ecosistemas, las ONGs y organizaciones de pobladores no tendrían razón de ser. Pero es el mismo estado el que da lugar a su accionar, pues tratan de llenar el vacío en el control que corresponde al estado.
Condiciones laborales
De igual manera, cuando las empresas quieren, pocas de ellas respetan todos los derechos de sus trabajadores y les otorgan buenas remuneraciones. Por otro lado, muchas minas mantienen a los trabajadores con remuneraciones miserables y hasta sin beneficios laborales, burlando a la ley mediante la intermediación laboral.
¿Acaso los pobladores no apoyarían a las actividades mineras si viesen que sus hijos, familiares y amigos estuviesen obteniendo buenas condiciones de vida con su trabajo en las minas? Claro que sí. Pero esto no es la realidad. Lo que ven es que los trabajadores, tras años de esfuerzos, agotan sus fuerzas y su salud y deben retirarse con un cuerpo debilitado, limitado para cualquier actividad, además de tener pensiones miserables, si es que las obtienen.
En este punto volvemos a la incapacidad del estado, pues pese a haber contratado mayor número de inspectores, el Ministerio de Trabajo detecta casos graves cuando son ya escándalo mayúsculo. Muchas veces, pese a las violaciones reiteradas de las leyes laborales, no hay sanciones. ¿Por qué no se quiere establecer la sanción de cierre para casos reiterados? El incumplimiento de las leyes laborales podría acarrear inclusive la muerte de los trabajadores, por ejemplo cuando no se respetan las normas de seguridad laboral. ¿Por qué sí hay cierre que la SUNAT es capaz de ejecutar sobre cualquier empresa que no tribute, pero no sobre los que burlen las leyes laborales? La respuesta es que una normatividad con estas características responde a la no valoración de la persona, pues se la coloca en una condicion inferior a la de los tributos.
Tributación
Por último, las sobreganancias mineras no se han regulado como debiera ser, pues lejos de establecer normas claras, el gobierno se ha dedicado a pedir contribuciones voluntarias a las empresas mineras, con el agravante que no es el estado quien decide qué hacer con ellas, sino que es la misma empresa la que hará con ellas lo que crea conveniente. Se trata pues de una absurda sumisión del estado a las empresas mineras.
Ante tanta incapacidad, la pregunta es, ¿es sólo incapacidad o es incapacidad adrede, con pagos bajo la mesa?
De modo que no es tiempo de echarse a llorar y culpar a las ONGs, a la Iglesia ni a los pobladores, es el mismo estado el causante del rechazo a la actividad minera, pues ha abdicado de su rol de verdadero promotor.
