Suspensión de DL 1090 no debe afectar exportación maderera
La suspensión indefinida del D.L. 1090 por parte del Congreso de la República no debería generar problemas en la exportación de la madera peruana en un corto plazo pues las concesiones forestales de las que proceden fueron debidamente inspeccionadas y sus Planes Operativos Anuales (POAs) autorizados, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), José Luis Silva Martinot.
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La suspensión indefinida del D.L. 1090 por parte del Congreso de la República no debería generar problemas en la exportación de la madera peruana en un corto plazo pues las concesiones forestales de las que proceden fueron debidamente inspeccionadas y sus Planes Operativos Anuales (POAs) autorizados, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), José Luis Silva Martinot.
Añadió que los POAS, previas inspecciones y aprobaciones para el caso de la exportación de LA caoba y el cedro, garantizan que los envíos maderables son legales y que adicionalmente se ajustan a las disposiciones de as instituciones que actualmente ejercen competencias sobre el sector (Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales). En lo referente a caoba, inclusive, los volúmenes por exportar están dentro de las cuotas aprobadas por la Autoridad Científica CItES y el MINAM.
“Tenemos alrededor de 90 días en los que no se debería generar problemas en la exportación de madera, en particular a EE. UU.; sin embargo, si ese plazo se dilata, y no se tiene una solución, podríamos enfrentar serios problemas”, comentó el líder exportador.
Indicó que cualquier “cambio equilibrado” en la nueva norma no afectará ni preocupará a los exportadores porque ya hay una conciencia al respecto y saben, evidentemente, que trabajan con un recurso renovable que debe ser aprovechado de manera sostenida y racional.
Participación de empresarios
En ese sentido, Silva Martinot refirió la necesidad que los representantes de los exportadores e industriales participen en los grupos de trabajo que verán los cambios a esa norma para apoyar con su visión y sugerencias en la formulación de un texto que permita el uso responsable de nuestros recursos.
“Los lamentables sucesos de la semana pasada implicaron la necesidad de tomar decisiones muy reflexivas, sin embargo, se optó por una solución práctica que fue la suspensión del D.L. 1090 y sus modificatorias, a la par de restituir la anterior Ley Forestal para crear un espacio de diálogo que permita solucionar los conflictos existentes”, afirmó.
Expresó, que, evidentemente, eso puede tener consecuencias graves para el TLC con EE.UU. y ante la CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) cuyo Comité Permanente se reunirá en Ginebra en julio próximo. En razón de ello, sugirió al gobierno enviar una delegación que informe claramente sobre las medidas tomadas por el Estado peruano (suspensión del D.L. 1090).
A su turno, el presidente del Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) Alfredo Biasevich, dijo que en muchos puntos de la norma suspendida (D.L. 1090) se mencionan obligaciones vinculadas al convenio CITES que no están en la Ley que ha sido restituida. En ese sentido, precisó que a raíz de ese problema podría generarse algunas observaciones o críticas.
Detalló que en caso la CITES evidencie mayores problemas, por la suspensión del D.L. 1090, el Perú volvería a integrar una “Lista negra” de la que hace poco (marzo último) fue excluido para beneficio de nuestro comercio internacional. Se debe indicar que el ser parte de esa lista deja abierta la posibilidad de sanciones y prohibición del comercio de la caoba.
El presidente de ADEX dijo por su parte que todos los problemas que pueda generar una nueva ley mal estructurada, no solo afectaría el sector forestal, sino a otros subsectores como el de confecciones y agroindustria que son generadores de empleo descentralizado y recursos para la caja fiscal.
“La nueva Ley Forestal debe recoger lo positivo de las anteriores leyes y las sugerencias de los diversos agentes económicos y de los nativos, sólo así tendremos un dispositivo que promueva la actividad sin perjudicar a los nativos, a nuestros recursos naturales y a los empresarios forestales”, concluyó.
En Loreto, el 75% de la actividad económica está centrada en la madera, mientras que en otras regiones amazónicas el porcentaje fluctúa entre el 30% y 40%.
La CITES es un acuerdo internacional que reúne a Estados (países) que se adhieren voluntariamente con la única finalidad de velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres para su preservación.
“Tenemos alrededor de 90 días en los que no se debería generar problemas en la exportación de madera, en particular a EE. UU.; sin embargo, si ese plazo se dilata, y no se tiene una solución, podríamos enfrentar serios problemas”, comentó el líder exportador.
Indicó que cualquier “cambio equilibrado” en la nueva norma no afectará ni preocupará a los exportadores porque ya hay una conciencia al respecto y saben, evidentemente, que trabajan con un recurso renovable que debe ser aprovechado de manera sostenida y racional.
Participación de empresarios
En ese sentido, Silva Martinot refirió la necesidad que los representantes de los exportadores e industriales participen en los grupos de trabajo que verán los cambios a esa norma para apoyar con su visión y sugerencias en la formulación de un texto que permita el uso responsable de nuestros recursos.
“Los lamentables sucesos de la semana pasada implicaron la necesidad de tomar decisiones muy reflexivas, sin embargo, se optó por una solución práctica que fue la suspensión del D.L. 1090 y sus modificatorias, a la par de restituir la anterior Ley Forestal para crear un espacio de diálogo que permita solucionar los conflictos existentes”, afirmó.
Expresó, que, evidentemente, eso puede tener consecuencias graves para el TLC con EE.UU. y ante la CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) cuyo Comité Permanente se reunirá en Ginebra en julio próximo. En razón de ello, sugirió al gobierno enviar una delegación que informe claramente sobre las medidas tomadas por el Estado peruano (suspensión del D.L. 1090).
A su turno, el presidente del Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) Alfredo Biasevich, dijo que en muchos puntos de la norma suspendida (D.L. 1090) se mencionan obligaciones vinculadas al convenio CITES que no están en la Ley que ha sido restituida. En ese sentido, precisó que a raíz de ese problema podría generarse algunas observaciones o críticas.
Detalló que en caso la CITES evidencie mayores problemas, por la suspensión del D.L. 1090, el Perú volvería a integrar una “Lista negra” de la que hace poco (marzo último) fue excluido para beneficio de nuestro comercio internacional. Se debe indicar que el ser parte de esa lista deja abierta la posibilidad de sanciones y prohibición del comercio de la caoba.
El presidente de ADEX dijo por su parte que todos los problemas que pueda generar una nueva ley mal estructurada, no solo afectaría el sector forestal, sino a otros subsectores como el de confecciones y agroindustria que son generadores de empleo descentralizado y recursos para la caja fiscal.
“La nueva Ley Forestal debe recoger lo positivo de las anteriores leyes y las sugerencias de los diversos agentes económicos y de los nativos, sólo así tendremos un dispositivo que promueva la actividad sin perjudicar a los nativos, a nuestros recursos naturales y a los empresarios forestales”, concluyó.
En Loreto, el 75% de la actividad económica está centrada en la madera, mientras que en otras regiones amazónicas el porcentaje fluctúa entre el 30% y 40%.
La CITES es un acuerdo internacional que reúne a Estados (países) que se adhieren voluntariamente con la única finalidad de velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres para su preservación.
