La pensión social está a la vuelta de la esquina
Por Humberto Campodónico
Las recientes medidas sobre pensiones de la Superintendencia de Banca y Seguros tienen de cal y de arena. Lo bueno es que hay una preocupación efectiva por establecer una pensión mínima para los que se jubilan en las AFP. El problema es que esa pensión solo dura lo que el jubilado tiene acumulado en su libreta, lo que quiere decir, para muchos, que de todas maneras se van a quedar sin pensión varios años después de jubilarse, justo cuando más la necesitan.
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Pero el problema de fondo no se aborda. Y tiene que ver con el hecho que en el Perú menos del 30% de la PEA tiene pensión, ya sea de las AFP o de la Oficina Nacional de Pensiones. Ese porcentaje nos coloca muy por debajo del promedio de la Región, que es el 42%, según la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Países como Brasil, Chile y Argentina nos dan duro, pues allí la cobertura es 90%, 82%, y 76%, respectivamente. También nos gana Bolivia con su programa Bonosol (ahora Renta Dignidad), que viene desde la época de Sánchez de Losada, con una sorprendente cobertura del 82%. En el 2008, la Renta Dignidad otorgó 1,577 millones de bolivianos (US$ 210 millones) a 732,512 personas mayores de 65 años, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (www.ap.gob.bo).
La Renta Dignidad es lo que se llama una pensión no contributiva, o pensión social, que se otorga a las personas mayores, aún si no contribuyeron a algún sistema pensionable. Esta pensión social —que existe también en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay— tiene esta filosofía: todos los ciudadanos del país viajan en el mismo barco y, por tanto, tienen derecho a la inclusión social.
¿Se podría aplicar en el Perú? Claro que sí. Incluso ya hay planes de reforma del sistema de pensiones elaborados en el MEF, con apoyo del Banco Mundial. Lo único que falta es algo que se llama voluntad política.
Hemos hecho un ejercicio de cálculo de pensión social para todas las regiones donde la pobreza es superior al 50%, según el último Informe Técnico del INEI (Huancavelica tiene 82.1% de pobres y Cajamarca 53.4%). Tomamos la Población Total (Censo INEI del 2007) y la multiplicamos por el porcentaje de mayores de 65 años, lo que arroja la cifra de 431,000 ciudadanos.
Si a cada uno se le otorga S/. 200/mes (el 40% del salario mínimo), el monto anual a desembolsar sería de S/. 1,034 millones (US$ 340 millones). A esta cifra habría que descontarle las personas que ya reciben una pensión, lo que la disminuiría a S/. 850 millones anuales (US$ 283 millones), el 0.23% del PBI.
¿Es esto factible? Claro que sí. Es la misma cantidad que el gobierno otorga por drawback a los exportadores. Podría obtenerse eliminando las exoneraciones al impuesto a las ganancias de capital que hoy tienen los tenedores de bonos y los participantes en la Bolsa de Valores de Lima. Bolivia, cuya economía es 10 veces más pequeña que la nuestra, reparte US$ 210 millones por Renta Dignidad.
¿Por qué no comenzar subiendo de nivel a los más pobres, sobre todo, rurales, del barco Perú? Tan solo un gesto en esta dirección —cuya aceptación es universal— podría provocar un shock de inclusión que beneficiaría a todos. El CADE 2006 decía que “no existe nosotros con alguien afuera”, frase que rápidamente pasó al olvido. Es hora de refrescar la memoria, ahora que estamos en Fiestas Patrias. La pensión social sí está a la vuelta de la esquina.
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