DGAC: permisos, favoritismos e infracciones a Constitución y leyes

Por Herbert Mujica Rojas

 
1.-  Las pequeñas empresas aéreas que prestan servicio de propaganda aérea podrían verse afectadas por un criterio anticonstitucional y antitécnico de la DGAC, al pretender retirarles el permiso de operación que se encuentra vigente hasta el año 2012.

 


2.- Existe parcializada decisión de la DGAC en disponer una medida anticonstitucional referente a sacar del servicio aquellas aeronaves que prestan servicio de turismo personal en las líneas de Nazca y que cuenten con 30 ó mas años de fabricación. Con esta determinación, quedaría mermada la capacidad de traslado de los pasajeros tal como se describe:
 
- El parque aeronáutico nacional (sin contar helicópteros) registra 204 aviones; de los cuales 75 son de matrícula extranjera: de ellos, Lan, 45 aviones con matrícula chilena y Taca, con 34 aviones y de matrícula norteamericana.
 
- De los 125 aviones que quedan, 92 cuentan con 30 a más años de fabricación.
 
- Si se aplica la norma técnica extraordinaria (NTC) pre-publicada ilegalmente por la DGAC en su web, donde indica el retiro de los aviones con más de 30 años en ese rubro (traslado de turistas en las líneas de Nazca), quedarían sólo 33 naves para prestar el servicio y, a partir del 1º de enero del 2011, saldrían del servicio por la misma causal (30 años de fabricación), 20 unidades, quedando sólo 13 para soportar el traslado masivo de turistas entre 10,000 y 15,000 ―en meses de julio y agosto― que resultaría en un mal servicio para el turismo y reducción de ingresos para el Estado, etc, generando pésima imagen del Perú en el extranjero.
 
Esta medida sólo beneficiaría a dos empresas aéreas o explotadores aéreos que cuentan con aviones tipo Caravan.
 
3.- Por otro lado, los aviones Antonov AN26 que han cubierto los cielos del Perú durante más de 30 años, se ven amenazados por la inoperancia del Director de Seguridad Aeronáutica de la DGAC, general FAP(r) Alan Trigoso, al querer restringir el cruce de cordillera de estas aeronaves, sin ningún criterio técnico; tal como lo demuestran las tablas de performance, al haber cruzado la cordillera por más de seis lustros.
 
¿A quién se pretende beneficiar con esta atrabiliaria decisión?: ¿no será a los operadores de los aviones AN32 o a los operadores logísticos como Transber que fletan los aviones Hércules de la FAP, ahora que hay otro operador logístico como la empresa Transportes Selva que está haciendo su incursión en el apoyo a Pluspetrol contratando también el mismo Hércules FAP? ¿Y quién autoriza esto?: la DGAC, ni más ni menos.
 
Harta tela la que hay que cortar.
 
4.- Las empresas aéreas que prestan servicio al desarrollo socioeconómico del país en el gas de Camisea han reducido sus actividades aéreas por la intromisión del Hércules de la FAP fletado por el operador logístico de Pluspetrol, la empresa Transber SAC, (sólo con permiso para terminal y almacenamiento de carga y correo pues no cuenta con aviones porque no está certificada como explotadora aérea), sin embargo está siendo autorizado, ilegalmente, por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través del Director de Certificación y Autorizaciones, capitán ® de la FAP de apellido Chaud para fletar o alquilar los aviones del Estado, en este caso el avión Hércules de la FAP; infringiendo la Constitución tanto la DGAC, como Transber en su artículo 60º (Rol Subsidiario del Estado mediante acciones cívicas en lugares donde las operaciones comerciales no cubren las necesidades de las comunidades y ciudades de nuestro país) más no en actividades petroleras.
 
- Con esta actitud de permitir que la FAP brinde el servicio con sus aviones Hércules mediante la contratación ilegal de un operador logístico, como es la empresa Transber SAC, la DGAC infringe también la Ley de Aeronáutica Civil N,º 27261, artículo 5º, así como la Ley Nº 28525 “de promoción de los servicios de transporte aéreo” y su Reglamento emitido con el DS N.º 028-2006-MTC:
 
Título I: Rol del Estado
 
Artículo 1.º Rol subsidiario del Estado.
 
El Estado sólo participará en actividades de aviación comercial cuando no exista ningún operador del Estado que brinde servicios aéreos de transporte aéreo regular o no regular, transporte aéreo especial, o trabajo aéreo, en zona o punto a ser atendido.
 
- El empleo de los aviones Hércules de la FAP, viola también las regulaciones aeronáuticas peruanas (RAP) 121.354 © y 121.356 referente a sistema de abordo de prevencion de colisiones (ACAS) y sistema de advertencia y conocimiento del terreno (TWAS) por no contar con estos sistemas que la DGAC exige a las empresas aéreas estos requisitos, y ni qué decir de las pólizas de seguros que demanda el ente rector de la Aviación Civil (DGAC) a las empresas aéreas, circunstancias con que la FAP no cuenta.
 
- La empresa Transber, operador logístico de Pluspetrol debe ser sancionada con la suspensión de sus actividades porque también, en forma licenciosa utiliza las aeronaves de la FAP para lucrar económicamente, porque el Grupo Aéreo Nº 8, en nombre de la FAP, alquila el avión Hércules por el monto de US$ 2,500 dólares la hora de vuelo, tarifa por demás depreciada que se presta a sospechas de corrupción entre sus miembros y la empresa Transber.
 
- Las actuales autoridades de la DGAC, son responsables de la autorización para que vuelen los aviones Hércules de la FAP en actividades netamente comerciales, deben ser removidos de sus cargos y denunciados ante el Poder Judicial, por violar la Constitución, así como la Ley de Aeronáutica Civil, que se supone deben respetar, cumplir y hacer cumplir.
 
- Se puede apreciar cómo, obsecuentemente, actúan las autoridades de la DGAC al autorizar permisos especiales a la empresa LAN para una cantidad de pilotos extranjeros en desmedro de sus colegas peruanos que tienen mucho tiempo trabajando para LAN  y NO SON calificados para ser comandantes de aeronaves.
 
Estas son algunas perlas de un sinfín de irregularidades de las actuales autoridades de la DGAC que en 7 meses de gestión han puesto a la aeronáutica civil en situación crítica, comprometiendo la gestión del ministro de Transportes Enrique Cornejo Ramírez.
 
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