Crece rechazo a la exportación del gas peruano


El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, y del líder amazónico Alberto Pizango, encabezaron una gran  marcha por el Cercado de Lima exigiendo no entregar el gas y otros recursos naturales a las transnacionales, que exportan el gas de Camisea en perjuicio del consumo interno.

 

 


Además de la defensa del gas y contra su exportación,  otras  organizaciones gremiales, políticas y sociales, de Lima y otras regiones marcharon por otras demandas señalando al gobierno como contrario a los intereses populares.

Entre las delegaciones destacó ayer la de los trabajadores azucareros de los ingenios del norte peruano como Pomalca, Cayaltí, Tumán y Andahuasi. Los últimos con enormes carteles en los que se leía “jueces corruptos al servicio del grupo Wong”, condenando la adjudicación, que califican de irregular, de miles de acciones a estos empresarios.

Entre los manifestantes se encontraban los trabajadores de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, la Asociación de vecinos de la margen izquierda del río Rímac, en rechazo  al proyecto Vía Amarilla, por amenazar sus viviendas, la Federación de trabajadores municipales (Fenaomp), el Frente de Defensa de los recursos naturales, el Frente Nacional por la vida y la soberanía (Frenvidas), el Partido Nacionalista Peruano, Lima para Todos, Integración Estudiantil y Todas las Voces.

Los dirigente entregaron a representantes del Congreso, sus exigencias al gobierno, siendo la principal la no exportación del gas. Mario Huamán acusó al presidente García de soberbio por insistir en vender nuestros recursos naturales sin pensar en el futuro de las generaciones venideras.

Alberto Pizango, presidente de Aidesep, aseguró que marchó en defensa de la vida, la soberanía y la aplicación de la ley de consulta a las comunidades del ande y la selva.

Otro grupo importante  fue el de 500 integrantes del Comité de Lucha, Sociedad Civil y autoridades de Inambari, Loromayo, Oroya y otras zonas de la provincia de Carabaya (Puno) quienes rechazaron la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari, por considerarla nociva para el medio ambiente, porque causará deforestación y condenará al destierro a pobladores de la zona.