Cuando emigrar es delito
Por Carlos A. Miguélez Monroy (*)
En la Unión Europea, más de 25 mil inmigrantes sin papeles viven en centros de internamiento con peores condiciones de vida que en las cárceles, nos dice un estudio reciente.
El Parlamento Europeo financió un estudio para conocer mejor las condiciones en las que viven los inmigrantes en los más de 160 centros de detención del Viejo Continente. Sin embargo, los resultados han tenido poca difusión y, por la dirección que toma la Comisión Europea hacia la aprobación de la Directiva de Retorno de inmigrantes, también poca influencia.
La diferencia de criterios en materia de inmigración de los distintos Estados europeos había impedido en un principio que se aprobara un texto que parece definitivo, a pesar de la oposición de grupos políticos y de ONGs de varios países por considerar que se vulneran derechos fundamentales, que no se pueden retener a personas como ‘presuntas culpables’ de crímenes que no han cometido.
Preocupan las situaciones ‘patógenas’ que padecen los detenidos, especialmente los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas. Contrario a los 18 meses fijados por la Directiva de Retorno como tiempo máximo de internamiento en centros para inmigrantes sin papeles, el informe recomienda reducir ese periodo a un máximo de cinco o seis meses. Reino Unido, Holanda, Polonia, Finlandia Chipre, Dinamarca, Lituania, Estonia y Suecia ni siquiera limitan ese periodo de tiempo.
Los investigadores han encontrado a personas detenidas durante más de tres años en Estonia y en Chipre. En Italia, hay personas que han sido detenidas hasta ocho veces seguidas.
Si el trámite de unos expedientes en Francia tarda 15 días, ¿cómo explicar detenciones de hasta año y medio sin derechos que tienen reconocidos los presos en las cárceles, como es el caso de las visitas? La Vicepresidenta del Gobierno español ha calificado de xenófobas las propuestas del Gobierno italiano de considerar delito la inmigración ilegal, pero en su país viven miles de inmigrantes en un encierro permanente en las celdas y con pocas posibilidades de dar paseos al aire libre.
En España, los Centros de Internamiento de Extranjeros están gestionados por la policía. El tiempo máximo de internamiento máximo es de 40 días, pero una vez fuera, se puede volver a entrar y acumular varios periodos de 40 días, como les sucede a varios inmigrantes.
La televisión pública española emitía hace unos días un programa que retrataba la situación de muchos inmigrantes empujados por las inundaciones, el hambre y la pobreza desde India y Bangladesh. Con un mapa grande al fondo, uno de los bangladeshis entrevistados seguía con un dedo su trayecto hasta llegar a Marruecos, donde vivió la etapa más dura de su viaje, con una comida cada dos días y sin poder ducharse. Cruzó a España en una patera con otras doce personas y ahora vive en un centro de internamiento de Algeciras.
Aunque algunas ONGs dedican esfuerzos para enseñarles español y a luchar por mejorar las condiciones de vida de estos extranjeros, una trabajadora social explicaba que, después de estar meses en los centros de internamiento, muchos inmigrantes son llevados sin previo aviso al coche que los conducirá al aeropuerto donde un avión los espera para deportarlos. Si los van a deportar, argumentaba, ¿para qué hacerles perder años de su vida?
Constituye una falta de sensibilidad y de memoria histórica que los inmigrantes vivan en condiciones carcelarias pero con menos protección legal y menos posibilidades de participar en actividades culturales, de ocio o de inserción, que el primer consejo de ministros del tercer Gobierno de Silvio Berlusconi haya aprobado que se consideren delitos la inmigración ilegal y la mendicidad. No hay continente en el mundo que no haya acogido a los inmigrantes europeos que huían del hambre, de la guerra, de persecuciones religiosas o que buscaban hacer negocio a lo largo de los últimos siglos.
Daría mejores frutos perseguir a las mafias que trafican con personas y contribuir a la cooperación desde la Unión Europea que criminalizar y expulsar a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, como es el caso de Rumanía, creando un problema a otros vecinos de la Unión Europea.
Es relativamente fácil respetar derechos y libertades en tiempos de prosperidad. Europa y Estados Unidos están fallando en la prueba de hacerlo en tiempos de dificultad económica que, por cierto, están pagando más cara los inmigrantes de la hostelería, de la jardinería y de la construcción a los que pretenden expulsar.
(*) Periodista
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