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Como se sabe, pese a la oposición de los indígenas, quienes según las leyes nacionales e internacionales debían haber sido consultados acerca de la explotación de los recursos de sus tierras, el gobierno aprista impuso el DL 1090 y una serie de decretos para disponer a su manera de la selva, sin siquiera ser capaz, hasta la fecha, de castigar a todas las empresas contaminadoras del ambiente, formales o informales.
En respuesta a la intención de avasallarlos, los nativos protestaron bloqueando caminos y tomando algunas empresas en la selva, acción que mereció la criminal respuesta del gobierno aprista, que provocó decenas de muertos, entre nativos y policías, hecho que causa preocupación internacional.
Las Naciones Unidas ya expresaron su "más profunda preocupación" por la violenta represión contra los nativos, por lo cual el relator especial, James Anaya, realizó un "llamado urgente" para evitar una escalada de la violencia y demandó “adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas afectadas".
Otra organización que manifiesta su preocupación es Amnistía Internacional. (AI), que expresó su temor por la seguridad de los indígenas amazónicos. "No está claro como les están tratando (las fuerzas de seguridad), de qué se les acusa y si tienen acceso o no a asistencia médica o legal", indicaron.
