Tras largos meses de discriminación de la prensa y políticos que dicen ser defensores de los derechos humanos, al fin los familiares de las víctimas de la represión contra manifestantes del paro agrario, realizado en diciembre de 2020, inician el camino para conseguir justicia.
Los familiares presentarán una denuncia contra el expresidente Francisco Sagasti, la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y el exministro del Interior, José Elice. A diferencia del tratamiento a las dos víctimas de la represión policial durante la semana del gobierno de Manuel Merino, estas muertes fueron ignoradas como si se tratase de peruanos de segunda categoría, todo para congraciarse con el gobierno morado.
José Antonio Muñoz, padre de Jorge Muñoz Jiménez, quien falleció el 3 de diciembre de un disparo en la cabeza, llegó al Congreso para buscar respaldo en su demanda.
“Queremos que se esclarezcan las cosas. Tenemos audios, que nos llegó de un congresista, donde se escucha [la orden]: dispárales a esa gente”, señaló en Canal N.
Los otros fallecidos son Reynaldo Reyes Ulloa, y el adolescente de 16 años, K.N.R.D, cuyos familiares acudieron a la Comisión de Justicia del Congreso para solicitar celeridad en su caso.
“Los policías ya están identificados, pero hasta ahora no obtenemos justicia. Nos han dejado a un lado, hasta ahora no me siento tranquila por eso he llegado al Congreso. Pedimos al fiscal que haga justicia. No porque somos de provincia, no [merecemos] justicia”, dijo la hermana de una de las víctimas.
José Antonio Muñoz asegura que el oficial José Ángel Hoyos disparó a la cabeza a su hijo mientras protestaba por mejores condiciones laborales. “Los documentos que tengo apuntan a que fue él”, añadió en la entrevista con el citado medio.
La Defensoría del Pueblo informó que mantuvieron esta tarde reuniones con los familiares de las tres víctimas mortales del paro agrario y adelantó que intervendrán en sus casos para “asegurar justicia y reparación para ellos”.
Las protestas se realizaron ante la indolencia de sucesivos gobiernos que, pese a que las empresas agroexportadoras crecieron por décadas y gozan de considerables utilidades, las condiciones de trabajo de muchas de estas compañías se mantuvieron en condiciones de precariedad y en algunos casos infrahumanas, sin que el gobierno actúe previendo los conflictos.
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