Pedro Castillo, ni víctima ni salvador

La agitación social va dejando ya un saldo trágico de 22 muertes y pérdida económica para muchos por los bloqueos de carreteras, vandalismo y paralizaciones que demandan el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación de Pedro Castillo. ¿A quién favorece esta situación? Sólo a los enemigos del Perú y a los políticos oportunistas.

 

bloqueo desmanes dic 2022

 

Cerrar el Congreso sería algo deseado por la mayoría, dada la calidad deplorable de parlamentarios que tenemos, que más parecen delincuentes y vulgares parásitos que funcionarios, por lo cual se entiende el repudio ciudadano contra esta institución.

Protestar en favor de Pedro Castillo es risible, pues aunque se observa una avidez del Congreso y políticos por anularlo con velocidad y precipitación, puesto que a otros presidentes más corruptos los toleraron, Castillo mismo es el causante de su caída y si se merece defensa, ésta debe ser ejercida por sus abogados, porque no es víctima ni salvador.

Castillo es más bien una persona que ha hecho daño a la imagen de los profesores, de los campesinos, de los ronderos y de los políticos que buscan el respeto a la soberanía del Perú y la justicia social que el Perú necesita: que promueva la riqueza ganada limpiamente, que luche contra la pobreza y que vele por los derechos de los más vulnerables.

El exmandatario tuvo la oportunidad de hacer mucho de lo que proclamó para bienestar de los peruanos, pero cayó en el favoritismo, pisoteó la meritocracia y toleró a ministros y altos funcionarios con oscuros antecedentes o prontuarios sin retirarlos tras ser puestos al descubierto, lo cual lo convierte en cómplice por lo menos.

Dejado Castillo de lado, la protesta es una opción, pero se debe tener cuidado con los agitadores que buscan aprovechar del descontento para escalar al desorden y el delito de bloqueos, vandalismo y saqueos, que si bien es cierto que deberían ser sancionados (cosa que no han hecho sucesivos gobiernos), esto debe ser manejado por el Estado dentro del marco de la ley, no con la represión violenta que coloca al Estado en una situación de mayor salvajismo que los manifestantes.

Aunque Alejandro Toledo sea un prófugo y un presunto delincuente, hay que reconocer que la Marcha de los 4 suyos que encabezó contra la dictadura del delincuente Alberto Fujimori es un ejemplo por las precauciones tomadas para que se realice de forma pacífica.

La violencia no trae progreso económico ni político, sino atraso, mala imagen del país, desgracia y aprovechamiento de falsos profetas. Ejemplo de ello tenemos en la Historia:

Víctor Raúl Haya de la Torre

El 23 de mayo de 1923, tras agitar a las masas contra la Iglesia Católica causó vandalismo y cinco muertos. En la noche utilizó a un cadáver llevándolo por las calles para hacerse conocido (ver El “anticristo” del 23 de mayo de 1923). Posteriormente ya estaba organizado con el hampa e incitó diversos actos terroristas como la matanza de Trujillo o la del Real Felipe, por lo cual fueron perseguidos, pero él siempre escapó cobardemente. Su sucesor Alan García también destruyó la economía y la honestidad en el Estado con su organización de rateros y perpetró sonadas masacres, como la del Frontón y la de Bagua.

Abimael Guzmán

Otro cobarde que incitó a jóvenes primero a luchas izquierdistas que devinieron en actos de terrorismo y es conocido cómo cobardemente se escondió por años. Su historia de cobardía es más conocida pero no la de Haya de la Torre, protegido por la prensa mermelera y corrupta.

De igual manera, en el ámbito de las regiones del Perú, tenemos numerosos ejemplos de políticos que encabezaron presuntas luchas sociales con protestas, bloqueos, etc., para ganar protagonismo y una vez en sus cargos demostraron su avidez para enriquecerse con el Estado.

Entonces, si no se cuenta con la organización para realizar marchas pacíficas, mejor no hacerlas. Además, la ciudadania debe organizarse en colectivos, asociaciones, etc., para canalizar sus demandas. Por ejemplo, no podemos dejar que sea este sucio Congreso el que decida solo cómo se modificarán las leyes electorales, se debe exigir la partipación ciudadana en especial para legislar y definir a quiénes se filtrará en la política, qué sujetos deben estar vetados para ocupar cargos de elección y de jefes o altos funcionarios públicos, porque como son los congresistas quieren perpetuar en el Estado a gente como ellos, corrupta o delincuencial, pues hasta tienen entre ellos un presunto violador.