Tratando de confundir a los lectores, algunos diarios cuestionan al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culpándolo por declarar infundada la tacha que buscaba impugnar el proceso de inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) por lo cual esta agrupación fue inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Lo que no dicen es que todas las normas para autorizar o negar la inscripción de candidatos y partidos son elaboradas o modificadas por el Congreso de la República, de modo que es a los legisladores a quienes hay que culpar para que impresentables postulen, como Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por homicidio, secuestro agravado, sustracción de arma de fuego y rebelión en agravio del Estado en el ‘Andahuaylazo’, donde se tomó una comisaría de Andahuaylas, que cobró la vida de cuatro policías en enero de 2005.
El Congreso delincuencial quiere que delincuentes postulen a cargos políticos
En el caso de altos funcionarios no elegidos por voto popular, como ministros, jefes de instituciones públicas y otros, se exige una hoja de vida no sólo sin delitos sino sin denuncias, es así que cuando se descubrió que tienen en su haber denuncias de agresión psicológica o física contra sus parejas, o denuncias (no condenas) por delitos, la sana práctica los retira del cargo en muchos casos, pero esto no siempre es así, depende del personaje de turno en el poder.
No obstante, el Congreso quiere mantener su impunidad y la de todos los políticos que postulan a la Presidencia de la República y por ello no quieren cambiar las leyes que permiten que delincuentes de todo pelaje sean elegidos.
De cara al público, el Congreso ello simulan preocuparse por imponer filtros pero sólo lo hacen con los casos más graves como terrorismo, violación, homicidio, etc., pero no quieren elaborar leyes que impidan que se trepen a cargos políticos corruptos, rateros, estafadores, etc.
La trampa
La trampa para que los delincuentes se enquisten en el poder y fortalezcan sus redes mafiosas es establecer que las leyes dada impiden que postulen quienes hayan cometido esos delitos, siempre y cuando hayan sido sentenciados, lo cual es una burla, porque en el Perú los juicios pueden durar decenios.
Como ejemplo tenemos a Daniel Urresti, que postuló a cargos políticos y ejerció cargo de ministro, habiendo perpetrado el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Fue nombrado ministro en 2014 y fue elegido congresista en 2020. Tras 35 años del crimen fue condenado en 2023.
Por ello urge que no sólo los postulantes a cargos políticos, por elección popular, sino los designados sin el voto ciudadano, estén libres de denuncias. Es cierto que los enemigos políticos pueden denunciar sin fundamento, pero el impedimento debería proceder desde el momento que la Fiscalía valora la denuncia y formula una solicitud preventiva de prisión.
No podemos esperar que la justicia actúe en décadas y los delincuentes nos gobiernen, hay muchos de ellos esperando su oportunidad para delinquir con mayor facilidad desde altos cargos, desde, como se ha visto, negocian su impunidad y la corrupción pasa de ser un cáncer local a metástasis. La ley debe cambiar ya e incluir como impedimento no sólo a los delitos graves, sino a TODO DELITO y falta.
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