El huaico de la derecha y la crisis en el sur

Por Desco


Adornada con una canción de Tongo y sustentada en un «programa mínimo» que incluye el indulto a Fujimori, la candidatura presidencial de Jaime Bayly es publicitada como el hecho político del momento. Como sabemos, de cara a un proceso electoral no sólo importan las candidaturas fuertes, sino a dónde apuntan los que tienen opciones más limitadas, tanto por su capacidad de endose como por la agenda que pueden plantear.


Con poco que arriesgar en términos de caudal electoral, tendencias partidarias o alianzas políticas, Bayly y sus eventuales socios ―personajes oscuros como Barba Caballero o Ghersi― optan por el negocio de radicalizar el discurso más allá de lo que cualquier candidato de derecha o izquierda podría. El anticlericalismo, la disolución de las FF. AA., la legalización del aborto y del consumo de drogas; presentados bajo un empaque «liberal», son en realidad el «gancho» para movilizar a un electorado joven, con aspiraciones de modernidad, más bien antipolítico y en ese sentido condescendiente con el fujimorismo y apático frente al gobierno aprista y a las consecuencias del modelo económico. Es el voto antisistémico de derecha y, en la medida en que el único punto que podría prosperar de su plataforma política es el indulto a Fujimori, podría ser la salida para el voto vergonzante por la heredera del dictador. Una broma que en Lima ha pasado de entretenimiento de domingo por la noche a un seis por ciento de intención de voto.

Pero, ¿qué es lo que expresa una candidatura de este tipo? En primer lugar, la renuencia de la derecha política a verse enfrentada a los temas cruciales para el país. Esta vez, no están dispuestos a que la agenda se la vuelvan a marcar sectores que se mueven bajo las banderas del cambio de orientación del modelo económico. En el 2006, la contienda ante Humala los hizo abandonar a su cuadro más orgánico Lourdes Flores por García, disfrazando la voluntad de continuidad con la consigna del «cambio responsable», obligándolos a enfrentar temas calientes como el abandono del sur andino, la firma del TLC con EE.UU o la redefinición de políticas sobre recursos naturales y energéticos. Hoy, nuevamente sacrifican a Flores ante un inorgánico Castañeda, colocan unas cuantas fichas en Bayly, se hacen de la vista gorda con Keiko y le dejan la puerta entreabierta a Toledo.

El hecho político del momento es pues la definición de la derecha entre sus múltiples opciones electorales ―con escasos matices programáticos entre ellas―. En las elecciones anteriores la pelea era por quién captaba la opción por un cambio. Hacia el 2011 –esto es sintomático de la inexistencia de oposición real y de las limitaciones del nacionalismo– la lucha está por quién ocupa la opción de continuidad, sin importar si para eso hay que farandulearse con Bayly como «animador del campeonato» o tragarse el sapo de la corrupción y el autoritarismo que encarnan los Fujimori. Dado que la opción por el cambio –sea cual sea– parece ser la única constante del electorado peruano (salvo Toledo, ninguno de los mencionados sería creíble en esa postura), la pelea está por alinear fuerzas contra un eventual repunte de Humala o la aparición del ya clásico outsider que juegue «por izquierda».

La vigente radicalidad de los electores del sur del país se ve en tanto reavivada por la tragedia. Las terribles inundaciones por lluvias no son una catástrofe solamente por las muertes o el aislamiento de las zonas afectadas. Las tomas aéreas en televisión y las campañas para la emergencia (alimentos, ropa, medicinas) nos solidarizan con la conmoción de los damnificados, pero no con la pérdida de su capital ―miles de cabezas de ganado y de hectáreas de sembradíos― lo que supone un retraso económico de varios años; más aún si a la luz del terremoto de Pisco, ya se sabe del grado de indolencia del Estado y el sector privado frente a la recuperación de la infraestructura y de los circuitos económicos que están fuera de la economía «moderna», como en este caso son la agricultura serrana, la ganadería de altura y el tejido económico local comercial y de servicios. Si bien alguna respuesta se vislumbra frente al sector turismo, es sólo en tanto se ha afectado el más sobresaliente patrimonio arqueológico peruano, Machu Picchu, que dinamiza fuertemente la economía cusqueña y pone en juego «la imagen» del Perú, que es lo que parece preocupar más a los ministros de Agricultura y de Desarrollo Social, semanas atrás más apurados en viajar a Haití ―donde eran de lejos menos necesarios que los rescatistas que desembarcaron del avión―, que en evaluar los reportes de la intensidad de las lluvias, usuales protagonistas de esta época del año que en esta oportunidad cobraron especial violencia.

Así las cosas, el sur andino parece un fantasma temido por los asistentes al CADE y a las convenciones mineras, sólo en el momento electoral y olvidado luego una y otra vez. Nada se ha hecho y no tendría por qué llamar la atención que estén dispuestos a votar por un candidato que cuestione este orden que ningún beneficio importante les ha traído. Más aún si son alentados por el ejemplo de los cambios que ocurren en la vecina Bolivia ―una refundación jacobina: la república plurinacional― y que la prensa nacional discretamente ignora, tergiversa o minimiza, más allá de su sostenibilidad en el mediano plazo.

Mientras tanto, la política menuda y el cubileteo irresponsable para definir las reglas de juego para las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, parecen apuntar a debilitar el sistema político, alentar la fragmentación y por tanto hacer inviable el desarrollo interno del país. Los posicionamientos en juego en el proceso de 2010 se pierden en el mar mediático, dejándose absolutamente de lado no sólo el necesario balance de la descentralización y el desarrollo territorial desde las regiones, sino también, las reacciones ante la última modificación a la Ley de Elecciones Regionales, asunto que seguramente resulta esotérico para la banalizada «opinión pública» que expresa la prensa nacional, aunque sean cruciales para la distribución de poder en el país.

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