La violencia se dispara
Por César Lévano La Rosa
La muerte camina por calles y caminos del Perú. Me refiero a la causada por la violencia delictiva, que ahora proviene de maleantes y políticos. El miércoles, Néstor Fernández, fiscal provincial de Acobamba, Huancavelica, fue asesinado a balazos cuando entraba a su despacho. El fiscal había intervenido frente a casos de narcotráfico. Acobamba, ruta de traficantes, es también ruta de la muerte.
Por César Lévano La Rosa
La muerte camina por calles y caminos del Perú. Me refiero a la causada por la violencia delictiva, que ahora proviene de maleantes y políticos. El miércoles, Néstor Fernández, fiscal provincial de Acobamba, Huancavelica, fue asesinado a balazos cuando entraba a su despacho. El fiscal había intervenido frente a casos de narcotráfico. Acobamba, ruta de traficantes, es también ruta de la muerte.
En Surcubamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, ha aparecido victimado a golpes el alcalde de ese distrito, Navío Común Gavilán, quien había sido secuestrado el 29 de julio. La víctima aspiraba a la reelección. Se sospecha de Tito Gamarra, quien pretendía esa alcaldía, y de su hermano, el oficial de policía Iván Alfonso.
Ha espantado al país la tragedia de Romina Cornejo, niña de tres años de edad que ha quedado parapléjica de resultas de un balazo recibido durante un asalto de delincuentes comunes. El crimen ha conducido a que algunos políticos sin programa vuelvan a proponer la pena de muerte.
Sabido es que la Constitución Fujimorista eliminó la pena de muerte, excepto para “el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo” (artículo 140).
En un plano de hipótesis, puede barajarse la posibilidad de resucitar la pena de muerte. En ese mismo plano, podría plantearse que la pena sea aplicada no sólo a los asesinos comunes, sino también a malhechores de cuello y corbata —y cuentas bancarias ocultas—.
La pena máxima podría castigar a quienes roban al fisco, o malbaratan, a cambio de coimas, los bienes del Estado, o a los que sobrevaloran compras del Estado. (En el régimen de Fujimori fuimos derrotados por Ecuador, porque los generales fujimontesinistas compraron chatarra, por la cual pagaron altos precios, previa comisión.)
Tales forajidos serían juzgados con todas las garantías del debido proceso, tomando en cuenta cuántos soldados murieron por sus robos; cuántos niños murieron de hambre por esa misma sinrazón; de cuántos fondos privaron a la Educación, la ciencia y tecnología. Todo esto en un nivel de utopía.
Manuel González Prada recuerda que un grupo de militares le consultó para un golpe contra cierta dictadura. Don Manuel les dio el sí, con una exigencia: aceptar una lista de los que debían ser fusilados por sus crímenes contra la patria y el pueblo. Los conjurados no regresaron.
La inseguridad que reina en el país tiene raíces muy hondas. Una de ellas es la pobreza de amplios sectores. Otra es la quiebra de valores éticos, en lo cual los gobernantes apristas y Fujimoristas tienen culpa enorme. Una más: el abandono del papel del Estado en funciones vitales como la lucha contra el crimen y la violencia, algo que no se les puede exigir a los creadores del Grupo Colina y el Comando “Rodrigo Franco”. La Primera, 13.08.2010
Ha espantado al país la tragedia de Romina Cornejo, niña de tres años de edad que ha quedado parapléjica de resultas de un balazo recibido durante un asalto de delincuentes comunes. El crimen ha conducido a que algunos políticos sin programa vuelvan a proponer la pena de muerte.
Sabido es que la Constitución Fujimorista eliminó la pena de muerte, excepto para “el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo” (artículo 140).
En un plano de hipótesis, puede barajarse la posibilidad de resucitar la pena de muerte. En ese mismo plano, podría plantearse que la pena sea aplicada no sólo a los asesinos comunes, sino también a malhechores de cuello y corbata —y cuentas bancarias ocultas—.
La pena máxima podría castigar a quienes roban al fisco, o malbaratan, a cambio de coimas, los bienes del Estado, o a los que sobrevaloran compras del Estado. (En el régimen de Fujimori fuimos derrotados por Ecuador, porque los generales fujimontesinistas compraron chatarra, por la cual pagaron altos precios, previa comisión.)
Tales forajidos serían juzgados con todas las garantías del debido proceso, tomando en cuenta cuántos soldados murieron por sus robos; cuántos niños murieron de hambre por esa misma sinrazón; de cuántos fondos privaron a la Educación, la ciencia y tecnología. Todo esto en un nivel de utopía.
Manuel González Prada recuerda que un grupo de militares le consultó para un golpe contra cierta dictadura. Don Manuel les dio el sí, con una exigencia: aceptar una lista de los que debían ser fusilados por sus crímenes contra la patria y el pueblo. Los conjurados no regresaron.
La inseguridad que reina en el país tiene raíces muy hondas. Una de ellas es la pobreza de amplios sectores. Otra es la quiebra de valores éticos, en lo cual los gobernantes apristas y Fujimoristas tienen culpa enorme. Una más: el abandono del papel del Estado en funciones vitales como la lucha contra el crimen y la violencia, algo que no se les puede exigir a los creadores del Grupo Colina y el Comando “Rodrigo Franco”. La Primera, 13.08.2010
