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Esta semana el caso del taxista del desarmador llenó titulares en la prensa local, el cual culminó con la aparición triunfante de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para alabar la “eficiencia” del trabajo policial, es decir, para alabarse ella, en su calidad de cabeza máxima de la Policía Nacional del Perú. Pero si se trata de seguridad ciudadana y taxis no hay nada de eso.
Luis Castañeda Lossio y la burla del registro de taxistas
El alcalde Luis Castañeda Lossio aseguró que el registro obligatorio de taxistas contribuirá a brindar seguridad a la ciudadanía, porque sólo los taxistas inscritos podrán brindar el servicio, pero la verdad es que sólo le ha servido de un medio para esquilmar a los taxistas cobrándoles por un registro inútil, que además les hace perder el tiempo en trámites.
El registro en cuestión omite el punto más importante, que es otorgar la credencial sólo a taxistas sin antecedentes penales, por lo que los asaltantes, violadores o secuestradores no tienen ningún problema en trabajar como taxistas.
Ese registro debe ser mejorado y debería estipular que los taxistas presenten su certificado de antecedentes penales. ¿Se ha fijado Castañeda Lossio si está registrando a delincuentes que han purgado delitos sexuales o criminales? Si bien es cierto que se debe apoyar la reinserción de los delincuentes, hay actividades que les deberían ser impedidas, como el realizar servicios de taxi, por la seguridad de la población, por tanto, no se les debería otorgar licencia de conducir y menos hacer taxi. ¿Qué padre de familia permitiría que su hija suba a un taxi conducido por un violador, por más que haya cumplido su condena?
De modo que obtener esa credencial no es ninguna garantía para la seguridad ciudadana. Incluso, conociendo cómo se otorgan estas credenciales (que permiten que delincuentes avezados sean taxistas), la Policía Nacional permite que cualquiera, con o sin credencial continúe realizando el servicio de taxi.
El número de asaltos, violaciones y hasta crímenes, no sólo contra peruanos, sino contra turistas, se ha incrementado; sin embargo, no se actúa para controlar a los taxistas, control que conviene a los taxistas informales honestos, que deberían comprender que es necesaria su formalización.
Alan García
Las declaraciones de García son sólo eso, palabras, porque permite gran descuido a la ministra Cabanillas. ¿A quién beneficia mantener altos índices de delincuencia? Si el presidente García dice que quiere atraer las inversiones, ¿por qué no nos entrega ciudades seguras, siendo la seguridad uno de los factores que los inversionistas toman en cuenta?
El ministerio del Interior
Por su parte, el ministerio del Interior nunca dispone revisiones sorpresivas de los vehículos de los taxistas, que deberían realizarse sistemáticamente: nunca revisan el interior de los vehículos para verificar si portan armas blancas o de fuego o si tienen somníferos con los que atacan a sus pasajeros para robarles o secuestrarlos.
Sabiendo que los delincuentes emplean armas blancas (incluyendo desarmadores, los cuales sólo deberían estar permitidos llevar en la maletera) y de fuego, además de gases y otros somníferos, no se ejecutan operaciones sorpresivas de revisión de taxis y taxistas. De hacerse, se hallarían esas pruebas, sin que ello implique demasiado gasto. Pero los delincuentes circulan sabiendo que no se realizan estas operaciones de manera inopinada.
Esas acciones deberían también ser apoyadas con la participación de policías encubiertos que simulen ser pasajeros, para que detecten a taxistas no autorizados.
La gran “eficiencia” de la que habla la ministra no existe, no porque la Policía Nacional sea incapaz de combatir el crimen, sino que no hay una ministra que entienda cuál es el problema, lo que debe hacerse y que tenga la capacidad de disponer prioridades y lineamientos de acción. Además, como se ha denunciado en este caso del taxista del desarmador, las comisarías no ayudaron a las agraviadas, porque están acostumbradas a no actuar con diligencia ante las denuncias en general, porque de la ministra no parten directivas precisas para atender con eficiencia a las victimas de la delincuencia de cualquier tipo.
La ministra de la Mujer
Cárceles
Por último, se debe agilizar la construcción de más establecimientos penales. Por cierto, es responsabilidad del ministerio de Justicia. ¿Por qué no se construyen cárceles en zonas de frontera, en lugar de insistir en las saturadas ciudades, desde donde los avezados delincuentes dirigen a sus bandas?
