Punto de Vista

 

Ha escrito con agudeza certera César Hildebrandt en El peor error de Vizcarra (Hildebrandt en sus trece, p. 4, 17-23 de julio):

 

 

 

 

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 marzo 2018 y abierto a la firma el 27 diciembre 2018, el Perú es negociador y firmante pero aún el Congreso no lo ratifica, este es el primer tratado regional sobre asuntos ambientales y el primero en el mundo que incluye medidas vinculantes para fortalecer la protección de defensores de DD.HH. Este tratado busca implementar y regular tres derechos, el primero, acceso a la información, que es por demás peligroso ya que cualquier persona o personas físicas o jurídicas, como las ONG ambientalistas, tienen derecho de acceder a la información ambiental y el Estado debe mantener sistemas actualizados para entregarla en todo momento, el segundo derecho, sobre participación pública, es peligroso por los mecanismos de participación de proyectos de manera directa y temprana, inclusive 18 meses antes que las empresas presenten sus estudios de impacto ambiental, y el tercer derecho, acceso a la justicia ambiental, peor aún, permite el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que podrían afectar el ambiente.  

 

 

Proyectos mineros pueden verse afectados por el Acuerdo de Escazú

 

Fuera de los ámbitos de la salud (por razones evidentes) y el ámbito de la economía, por el confinamiento casi universal de por lo menos dos o tres meses que ha sido, total en algunos países y parcial en otros, las consecuencias del COVID- 19, a nivel universal ha tenido un impacto en un sector importantísimo, vital para nuestro país, como lo es el de la educación escolar. Hoy día incluso en los Estados Unidos hay una lucha frontal entre la intransigencia del presidente Trump para que abra los colegios de primaria y secundaria y la resistencia de los gobernadores de muchos estados para no querer abrirlos por el momento, por la peligrosa y casi incontrolable persistencia y crecimiento de contagios en dicho país. Daría la impresión que los temerosos gobernadores se oponen a que se ejerza la libertad de dar el total derecho a la educación que tienen los niños y adolescentes, pero lo que es evidente, es el miserable interés político que hay detrás de esto por parte del presidente Trump. El que los colegios abran y se reanuden las clases por insistencia del mismo, daría en apariencia la impresión que ya todo volvió a la normalidad, cuando es evidente que el derecho a preservar la salud es más importante en estos momentos que cualquier educación.

El 23 de abril (día 39 del estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19. Estos hogares, estarían conformados por familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.

 

Hay un conjunto de ciudadanos que aspira a conducir al país y las vertientes son varias desde el Ejecutivo, el Congreso, la burocracia, alcaldías, gobiernos regionales, etc. La ambición es legítima bajo la premisa que existe qué aportar, decir y decidir en torno a los destinos socio-económicos-políticos del pueblo peruano. Imposible, hasta aquí, no estar de acuerdo.

 

¿Qué conserva un conservador en el Perú? se preguntaba años atrás Andrés Townsend Ezcurra y agregaba a modo de respuesta: “¿la situación actual de atraso, pobreza, subdesarrollo?”.