Después de nosotros, el diluvio

Por Humberto Campodónico

En estos últimos meses ha habido una serie de medidas que nada tienen que ver con cuestiones económicas, sino con intereses políticos. Se bajó un punto el IGV, lo que disminuye la recaudación pero, luego, se subieron los sueldos a los militares (no está mal subirlos, pero la decisión fue política y se tomó en 24 horas) lo que aumenta el gasto. Si hablamos de medidas contradictorias, éstas lo son.

Pero allí no acaba la cosa pues, al mismo tiempo se recorta la inversión y el gasto público con el DU-012 en momentos en que no hay un problema de recalentamiento. No solo eso: la inversión pública apenas si ha llegado al 6% del PBI, estando todavía por debajo del promedio de la Región, que es 7,5%. Además, los dos rubros mencionados no son el principal componente que pudiera producir inflación, sino la inversión y el consumo privado, que representan el 85% del PBI. 

Se podría pensar que estas medidas podrían haber sido parte de “incoherencias no deseadas” y/o de “problemas técnicos”. Nada que ver.  Estas medidas vienen directamente del Ministerio de Economía (1)  y nos dicen que el titular del pliego está jugando su partido a favor de la candidata Keiko Fujimori.

A esto se agregan las menciones del ministro a las subidas y bajadas en la Bolsa y “los temores que le causa a los inversionistas algunos resultados de las encuestas”. Esto es propaganda electoral contra Ollanta Humala y a favor de Keiko Fujimori. Se está diciendo: “al país le va a ir bien con un candidato y mal con el otro”.

Es evidente, entonces, que aquí hay un divorcio entre, de un lado, la institucionalidad democrática y, de otro, los intereses económicos. Esto no es nuevo, claro está, porque lo venimos escuchando hace meses en los medios de comunicación, sobre todo en la TV.

El tema de fondo es que se identifica el crecimiento económico con el mantenimiento absoluto de las actuales políticas económicas. Cuando hablan de “políticas sociales” las consideran separadas del componente económico y, en lo fundamental, se trata de volver al asistencialismo de los 90.

Para lograrlo, asustan a la población afirmando que las propuestas de Gana Perú llevarían al caos. Lo mismo sucedió en la campaña de Lula en el 2002. Pero Lula ganó y eso no sucedió. Por el contrario, ha entregado el poder a su sucesora con 80% de popularidad. Aquí lo que se pretende es un crecimiento con inclusión social, creando Pensión 65, elevando el salario mínimo, masificando el gas del Lote 88 para sustituir al petróleo caro, entre otros. ¿Qué tiene de malo esa política? Nada.

Lo peor es que poco a poco se aprecia que existe un sector ligado a la derecha económica que dice abiertamente que, de triunfar Ollanta Humala, el país se vería sumido en el caos y el desgobierno por meses y hasta años.

Ojo que ésta no es una afirmación menor porque se está diciendo que no existe posibilidad de que un gobierno de Humala pueda tener éxito. Dicho de otra manera, no hay alternativa para el país que la que ellos desean: que continúe el neoliberalismo y que nada cambie en política económica.

No se trataría, entonces de un punto de vista sobre las medidas económicas sino de no aceptar el resultado electoral. ¿Es que están diciendo que, si “ellos” no gobiernan, entonces nadie más puede hacerlo, en una versión criolla de “después de mí, el diluvio”? Quizá lo sepamos después de las elecciones del 5 de junio.

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