¿Debemos de morir para que el Estado decida resolver nuestro problema? se preguntan líderes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya amenazados de muerte por extraños presuntamente vinculados a la empresa de palma aceitera.

Servindi, 25 de febrero, 2018.- Un pronunciamiento suscrito por organizaciones nacionales e internacionales denuncia la grave situación de amenaza que sufren dirigentes indígenas de la Comunidad Santa Clara de Uchunya, en la región Ucayali, y pide reconocer la propiedad ancestral de su territorio.

Asamblea comunal en Santa Clara de Uchunya. Imagen: captura de vídeo

Carlos Hoyos Soria, jefe de la comunidad, resumió los peligros que enfrentan las familias comuneras como “amenazas de muerte, disparos directos a quemarropa y constante hostigamiento" recoge el pronunciamiento.

El documento recoje una dramática pregunta que formuló la comunidad durante una asamblea realizada el 26 de octubre de 2017: “¿Debemos de morir para que el Estado decida resolver nuestro problema?”.

Hace pocos días la agencia alemana Deutsche Welle (DW) divulgó un vídeo que muestra cómo las comunidades indígenas de Ucayali son presionadas para abandonar sus tierras por poderosas compañías de aceite de palma y cacao.

Toma como escenario el departamento de Ucayali y muestra cómo algunos líderes indígenas luchan por defender sus tierras y el bosque a pesar de la corrupción, e incluso de las amenazas de violencia contra ellos.

El pronunciamiento indica que los riesgos a la seguridad de dirigentes comunales y de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) se acrecienta luego de la orden judicial que dispone detener las actividades Plantaciones de Pucallpa SAC, ahora Ocho Sur P SAC.

La empresa está siendo investigada por la usurpación y la deforestación de más de 7,000 hectáreas del territorio ancestral perteneciente a la comunidad.

Peticiones urgentes

El pronunciamiento respalda las demandas de la comunidad y FECONAU y pide al Gobierno Regional de Ucayali reconocer a la brevedad posible la propiedad sobre su territorio ancestral a la comunidad Santa Clara de Uchunya.

En tal sentido, se deben anular todas las constancias de posesión otorgadas ilegalmente dentro de su territorio ancestral.

De igual modo, señala que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional "deben intervenir para proteger a los líderes y comuneros indígenas, brindando las medidas adecuadas para garantizar su seguridad".

También pide a las autoridades nacionales y regionales, y a la empresa de aceite de palma, Ocho Sur P SAC condenar públicamente "las amenazas, hostigamiento y rechazar las posibles represalias que más adelante podría sufrir la comunidad por defender sus derechos y territorio",

Finalmente, exhorta al Ministerio Público "acelerar su investigación fiscal del 'tráfico de tierras' en Ucayali, para asegurar que los actores involucrados sean sancionados antes de que ocurran más asesinatos".

Amenazas de muerte

La noche del 5 de enero de 2018 dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque “estamos dispuestos a matar”.

La noche del 20 de enero varias personas encapuchadas intentaron atacar la misma casa.

Estos incidentes se producen solo unas semanas después de que invasores de tierras, que se cree están asociados a las actividades de palma aceitera, dispararon a una delegación comunal que recogía evidencias de la destrucción de bosques comunitarios.

Cabe recordar que algunos meses atrás el comunero Huber Flores Rodríguez se vio forzado a refugiarse en Lima luego de recibir amenazas de muerte directas cuando estaba trabajando en su chacra con su esposa e hijo.

A continuación el pronunciamiento completo suscrito por cerca de cuarenta instituciones del Perú y el extranjero:  

Pronunciamiento internacional de preocupación sobre amenazas de muerte contra líderes indígenas de la comunidad Santa Clara de Uchunya (Ucayali, Perú)

Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, deseamos expresar nuestra profunda preocupación respecto al aumento significativo de las violentas amenazas y la intimidación que sufren los comuneros de la comunidad nativa shipibo Santa Clara de Uchunya, ubicada en el departamento de Ucayali, en la Amazonía peruana. El recrudecimiento de la tensión y de los riesgos crecientes a la seguridad de los líderes de la comunidad y los dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), se presenta luego del mandato judicial de paralización de actividades[i] en contra de la empresa de aceite de palma, Plantaciones de Pucallpa SAC (Ocho Sur P SAC), que está siendo investigada por la usurpación y la deforestación[ii] de más de 7,000 hectáreas del territorio ancestral que pertenece a la comunidad.

En la noche del día 5 de enero de 2018, dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad, cuya casa se encuentra en la periferia del pueblo, en la zona más cercana a las plantaciones de palma en expansión. Interrogaron a su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era miembro de la comunidad. Cuando ella lo negó, le mostraron una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque “estamos dispuestos a matar”.

Posteriormente, la noche del 20 de enero, varias personas encapuchadas intentaron atacar la misma casa.[iii] Estos incidentes se producen solo unas semanas después de que invasores de tierras, que se cree están asociados con las operaciones del aceite de palma, dispararan a una delegación de la comunidad que se encontraba recopilando evidencia de la destrucción de los bosques comunitarios,[iv] y solo algunos meses después de que un comunero, Huber Flores Rodríguez, se viera forzado a buscar refugio en Lima, tras recibir amenazas de muerte directas cuando estaba trabajando en su chacra con su esposa e hijo.[v] El jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos Soria, resumió los peligros que enfrentan las familias en su comunidad como “amenazas de muerte, disparos directos a quemarropa y constante hostigamiento."[vi]

En este contexto de violencia y de un agresivo avance de prácticas propias del tráfico de tierras, los comuneros siguen sufriendo los efectos de la desposesión y la destrucción de sus bosques y quebradas, con severos impactos negativos para su bienestar, sus actividades de sustento y su seguridad alimentaria. La vulnerabilidad y los peligros son exacerbados porque las autoridades competentes no han cumplido con entregar títulos de propiedad sobre el territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y en sancionar a los traficantes de tierras y a los grupos armados.[vii]

Dada esta grave situación y las grandes amenazas hacia los derechos humanos y la seguridad de los miembros de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, nosotros respaldamos sus exigencias:

- El Gobierno Regional de Ucayali, particularmente la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DRAU), debe reconocer a la brevedad posible propiedad sobre su territorio ancestral a la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y debe anular todas las constancias de posesión otorgadas ilegalmente dentro del territorio ancestral de la comunidad y dejar de entregar estas cuando se está ante territorios ancestrales de comunidad nativas;

- El Ministerio del Interior y la Policía Nacional deben intervenir para proteger a los líderes y comuneros indígenas, brindando las medidas adecuadas para garantizar su seguridad;

- Las autoridades nacionales y regionales, y también la empresa de aceite de palma, Ocho Sur P SAC (anteriormente Plantaciones de Pucallpa SAC), deberían condenar públicamente las amenazas, hostigamiento y rechazar las posibles represalias que más adelante podría sufrir la comunidad por defender sus derechos y territorio;

- El Ministerio Público debe acelerar su investigación fiscal del “tráfico de tierras” en Ucayali, para asegurar que los actores involucrados sean sancionados antes de que ocurran más asesinatos;

- El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deben acelerar los procesos judiciales en trámite contra de los traficantes de tierras, contra la empresa de palma aceitera, y contra el Ministro de Agricultura presentados por la comunidad Santa Clara de Uchunya, a efectos que se sancione a los responsables y se restituya los derechos afectados;

- El Ministerio de Agricultura y Riego debe mantener las sanciones en contra de la empresa de aceite de palma, tal como recomendó la Defensoría del Pueblo,[viii] y no otorgar licencia alguna para que siga trabajando impunemente dentro del territorio ancestral de la comunidad;

- Las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Agricultura y Riego, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Gobierno Regional de Ucayali, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, el Titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, el Ministerio del Ambiente y la Contraloría General de la República deben ejercer sus funciones para implementar las recomendaciones que planteó la Defensoría del Pueblo en su informe del año 2017,[ix]para frenar efectivamente la deforestación ilegal y las violaciones de derechos humanos asociadas con la expansión de plantaciones agroindustriales en la Amazonía peruana.

Para concluir, repetimos la pregunta que expresó la comunidad de Santa Clara de Uchunya durante una asamblea extraordinaria que tuvo lugar el 26 de octubre de 2017:

“¿Debemos de morir para que el Estado decida resolver nuestro problema?”[x]

22 de febrero 2018

 

 

Notas:  

(i) http://www.keneamazon.net/Documents/Press-Release/Nota-de-Prensa-001-2018-KENE/Nota-de-Prensa-001-2018-KENE.pdf

(ii) Resolución de Dirección General 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA.

(iii) http://www.forestpeoples.org/es/node/50204

(iv) http://www.forestpeoples.org/es/node/50187

(v) https://www.facebook.com/idlpueblosindigenas/videos/1977568299146785/

(vi) http://www.forestpeoples.org/es/node/50204

(vii) http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/ComunicadoSantaClaraOct2017.pdf

(viii) http://www.keneamazon.net/Documents/Others/Informe-de-Adjuntia-001-2017-DP-AMASPPI.MA-P.pdf

(ix) http://www.keneamazon.net/Documents/Others/Informe-de-Adjuntia-001-2017-DP-AMASPPI.MA-P.pdf

(x) http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/ComunicadoSantaClaraOct2017.pdf

 

Organizaciones peruanas

1. AIDESEP - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2. Alianza Arkana.
3. APRODEH - La Asociación Pro Derechos Humanos.
4. CAAAP - Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
5. CAOI - Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
6. FECONAU - Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes.
7. Fórum Solidaridad Perú.
8. IDL - Instituto de Defensa Legal.
9. KENÉ - Instituto de Estudios Forestales y Ambientales.
10. ORDEPIAA - Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas.
11. Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas.
12. Perú Equidad - Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos.
13. Proética - Capítulo Peruano de Transparencia internacional.
14. Radio Ucamara.
15. SER - Asociación Servicios Educativos Rurales.
16. SERVINDI.
17. SPDE - Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.
18. TierrActiva Perú

Organizaciones internacionales

19. Amazon Watch (Estados Unidos de América).
20. Both ENDS (Países Bajos).
21. EarthRights International (Estados Unidos de América).
22. Environmental Investigation Agency (Estados Unidos de América).
23. Forest Heroes (Estados Unidos de América).
24. Forest Peoples Programme (Reino Unido).
25. Friends of the Earth U.S. (Estados Unidos de América).
26. Front Line Defenders (Irlanda).
27. Global Witness (Reino Unido).
28. GMB Trade Union (Reino Unido).
29. Latin America Working Group (Estados Unidos de América).
30. Lumière Synergie pour le Développement (Senegal).
31. Maryknoll Office for Global Concerns (Estados Unidos de América).
32. Organización Wainjirawa (Venezuela).
33. Peru Support Group (Estados Unidos de América).
34. Presbyterian Peace Fellowship (Estados Unidos de América).
35. Rainforest Action Network (Estados Unidos de América).
36. Rainforest Foundation USA (Estados Unidos de América).
37. The Oakland Institute (Estados Unidos de América).
38. Urgewald (Alemania)

 

 

¿Por qué pasa esto?

Los corruptos que gobiernan el Perú toleran y fomentan esta situación porque para ellos lo más importante es que nuestro país sea extractivista, principalmente en minerales e hidrocarburos. Entonces se alienta un clima de terror y asesinatos para que la gente ya no pueda defender sus bosques y fuentes de agua, y así queda expedita la lotización del territorio para trabajos de prospección minera y de hidrocarburos.

Evidentemente, para estos planes la actividad de los defensores del medio ambiente es un estorbo y por eso los asesinan, sin que el estado peruano mueva un dedo para protegerlos.

[Nota de Con nuestro Perú]

 

 

Artículos relacionados

Perú: Impunes muertes y amenazas contra defensores ambientales

Preocupan amenazas de muerte a líderes de Ucayal

Primer juzgado ambiental se instalará en Madre de DiosEurodiputado descalifica al Perú en desarrollo sostenible

Informe de EIA: “La evidencia sobre tala ilegal, corrupción y lavado de madera es contundente”

En operativo conjunto decomisan palo santo en Piura