La ministra de Economía y Finanzas (MEF) María Antonieta Alva Luperdi reconoció ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que el contrato del Consorcio Geoservice–Hidroenergía con el Estado no debió firmarse mientras ella estaba a cargo de ese portafolio. Este caso es casi anecdótico, cuando sobre lo que debería centrar es acerca de Reactiva Perú.
Como era de suponer, la ministra no tuvo problemas para atender a las interrogantes sobre la contratación realizada por el representante de dicha empresa, en la cual participan su padre y hermano, quienes tienen cómo deslindar de las acciones del representante.
Reactiva Perú es un programa que el presidente prometió para “proteger el empleo” en medio de la emergencia por coronavirus y en especial las pequeñas y microempresas, pero todo fue una burla porque alrededor del 70%, según Ojo Público, fue a parar en manos de grandes empresas que despidieron personal y que no se vieron obligadas a suspender operaciones, como son el Grupo El Comercio o supermercados que por el contrario aumentaron sus ventas ante los temores por desabastecimiento que movió a mucha gente a comprar.
La ministra Alva permitió incluso que las empresas del grupo Pastor, que figuran en la lista de los más ricos del mundo, se acojan al programa a obtener dinero con interés de alrededor de 1.5% o algo más, cuando ellos tienen un banco que practica la usura con intereses leoninos.
Pero bastó que algunos canales pongan en el mostrador el asunto de la empresa de la familia de la ministra para que el Congreso se dedique a ello, pese a que varios congresistas habían pedido que la titular del MEF responda sobre Reactiva Perú.
Mediante conexión virtual, Alva responsabilizó del hecho al apoderado legal de la empresa Juan Armando Olazábal Álvarez y a la entidad contratante, que debió hacer las verificaciones pertinentes. “Lo que tengo conocimiento es que mi padre ha dado respuesta sobre el caso”, dijo y agregó que toda la documentación está en manos del Tribunal de Contrataciones donde se está investigando el caso, luego de lo cual emitirá su veredicto sobre las sanciones.
REACTIVA PERÚ
Reactiva Perú pasó a ser un asunto de segundo plano, se le preguntó pero no a fondo. Alva indicó que los requisitos para que las empresas accedan al programa es que exista garantía que el préstamo con recursos del Banco Central de Reserva, se paguen; que haya sido un buen contribuyente y un buen pagador antes del COVID 19; que la empresa registre el nivel de ventas en planilla y que el monto del préstamo sea proporcional al tamaño de las obligaciones, a fin de que no se rompa la cadena de pagos.
Indicó que se encuentran excluidas las que están vinculadas a delitos de corrupción y conexos, entre otros detalles, como que la entidad en hacer el filtro y verificar si cumplen con los requisitos es COFIDE.
No obstante, varios medios denuncian que se incluyó en Reactiva Perú a empresas relacionadas con la corrupción y hasta la prostitución, como señaló Hildebrandt en sus trece.
Alva no respondió por qué no se consideró una proporción menor del fondo para grandes empresas, tampoco por qué permitió que empresas que han despedido trabajadores y las que no suspendieron actividades se hayan acogido al programa. Todo ello pudo prevenirlo en el decreto que firmó.
Según la ministra, el 53.7% de los fondos se destinaron a la gran empresa, el 41.2% a las mypes y el 5.1% a la mediana empresa. Añadió que de las 372 mil empresas que han accedido a Reactiva Perú, siete mil 800 están en suspensión perfecta, y que el 87 % de este monto, es decir seis mil 96 son mypes.
Cuestionamientos
Ancalle Gutiérrez dijo que las empresas beneficiadas por Reactiva Perú no cumplieron con no romper la cadena de pagos, puesto que hasta despidieron a trabajadores, entre otros hechos.
“Quiero preguntarle si ha pensado en renunciar a la cartera de Economía por las situaciones que se han presentado con respecto a las empresas de su padre que ahora está en investigación”, dijo.
El congresista Wilmer Bajonero Olivas (AP) lamentó la inequidad en los préstamos y que se hayan dirigido mayormente a grupos de poder económico y que a las mypes, les haya llegado préstamos minúsculos de dos a tres mil soles.
Aron Espinoza (PP) dijo que hubo discriminación en la distribución de los fondos de apoyo en los municipios. Otto Guivobich (AP) se sumó a esta preocupación y consideró necesario una investigación sobre el particular.
Asimismo, inquirió sobre cómo evitar el quiebre de las empresas, se genere más desempleo, y porque no considerar el plazo del pago del préstamo de tres a cinco años.
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