La Fiscalía ha determinado que funcionarios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) inflaron la biomasa de anchovetas, hecho que permite a las empresas pesqueras aumentar el volumen de pesca, por ello investigan si dicha alteración de cifras fue perpetrada por corrupción, para beneficiarse ellos además de estas empresas, sin importarles depredar la anchoveta.
A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Mark Alata Fernández, en un escándalo que involucra al director ejecutivo científico de IMARPE, Renato Guevara Carrasco; el director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama; y el servidor Luis La Cruz Aparco, del Área Funcional de Hidroacústica.
Las compañías relacionadas con el caso son Pesquera Diamante, CFG Investment, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) y Pesquera Exalmar.
En 2020, la Procuraduría del Ministerio de la Producción (Produce) denunció penalmente que el personal de IMARPE manipuló información sobre las dimensiones de la biomasa de anchoveta con la finalidad que las autoridades de Produce autorizaran una cuota sobredimensionada de la especie, para beneficio de estas empresas extractivas, con fines de producción de harina de pescado.
La República señala que testigos del Imarpe documentaron vínculos de personal de este organismo con empresas pesqueras, a las que filtraban información sobre sus actividades reservadas, como el proceso de medición de la biomasa de anchoveta.
Dichos funcionarios reportaron a las autoridades de Produce que la biomasa de anchoveta alcanzaba los 8.3 millones, por lo que recomendaron una cuota de pesca de 2.8 millones de toneladas para la segunda temporada de 2019. La verdadera dimensión de la biomasa era de un promedio de 4 millones de toneladas, es decir, presentaron una cifra superior en 100% a la real.
En el caso también trabaja la Procuraduría Anticorrupción y requirió a la Fiscalía Provincial de Turno del Callao que inicie las investigaciones. Cosa “extraña”,el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Óscar Vite Torre, resolvió archivar la investigación por supuesta ausencia de pruebas, dejando de lado los audios aportados por los testigos, entre otra abundante información incriminatoria.
El procurador del Callao en materia de corrupción de funcionarios, Engie Herrera, apeló la decisión del fiscal Óscar Vite. Entre otras razones, porque no valoró el incidente que denunció Produce cuando hizo una inspección a IMARPE y detectó la manipulación de información relacionada con la medición de la biomasa de anchoveta.
Uno de los principales testigos, el ingeniero Miguel Flores Huamán, declaró que el director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama, y el coordinador del Área Funcional de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta, lo presionaron para que confesara si él había sido quien filtró a la entonces ministra de la Producción, Rocío Barrios, la información sobre la manipulación de datos sobre la biomasa de anchoveta. Castillo y Romaní actuaron por órdenes de Renato Guevara.
Es más, con todo desparpajo, por haber contribuido a las investigaciones, el ingeniero Miguel Flores fue sometido a un proceso administrativo disciplinario con la intención de despedirlo.
Ahora la resolución fiscal señala que existen suficientes indicios de la presunta conducta ilícita de los funcionarios de Imarpe, por lo que determinará los beneficios económicos que obtuvieron las empresas pesqueras mencionadas con la determinación inflada de la biomasa de anchoveta y así incrementar la cuota de pesca de dicha especie.
“Se desprende que los funcionarios de IMARPE a través de presuntas conductas colusionarias se estarían aprovechando de sus funciones en sus cargos públicos, para favorecer en la extracción de anchoveta a las empresas pesqueras señaladas, teniendo en cuenta que en dicha actividad se generan exorbitantes ganancias, no descartándose que habrían recibido un porcentaje por parte de las pesqueras”, señala el fiscal.
Sorprendentemente, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su desacuerdo con la decisión del fiscal Alata: “El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos desestimó este caso y dispuso que no había lugar a iniciar una investigación”.
“Si en el presente caso no existe delito, según lo confirma la propia Fiscalía, no se entiende las razones que justifican el inicio de estas investigaciones por lavado”, señalaron y agregaron que el gremio y sus empresas asociadas colaborarán con las indagaciones fiscales.
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