Los abusos en Minera Casapalca de la familia Gubbins no tienen cuando acabar. El reconocido dirigente Pedro Condori fue despedido después de una serie de intrigas y maniobras de la empresa, por lo que realizan un llamado urgente a la solidaridad de las organizaciones obreras y populares con su causa.
La familia Gubbins tiene una larga trayectoria de escándalos judiciales que se remontan hasta el siglo pasado y que hoy se expresan en el enfrentamiento que sostienen sus principales herederos. Pero el mayor escándalo de la familia es la que cometen contra sus 2000 obreros en Minera Casapalca mantenidos bajo el régimen de service.
El año 2007, el mismo Alan García cuando recién asumía el cargo por segunda vez, denunció los abusos y el régimen de enganche practicado por esta empresa como en la época Colonial, y la misma Sociedad Nacional de Minería se vio obligada a tomar distancia de su asociado más antiguo. Tremendo escándalo motivaría la movilización y lucha de los obreros por sus derechos, en los años 2007 y 2008.
Para enfrentar el empoderamiento de los obreros, Alejandro Gubbins, ducho en enjuagues judiciales, no encontró mejor recurso que usar su influencia y malas mañas para procesar a los dirigentes y, en particular, al líder del sindicato Pedro Condori.
Pedro Condori fue acusado de homicidio culposo (por la muerte accidental de un policía durante la represión a la huelga), obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, siendo detenido y recluido con delincuentes de alta peligrosidad en diferentes penales entre el 2011 y 2012 durante 15 meses. Un abuso que despertó una amplia campaña de solidaridad nacional e internacional con apoyo de organismos de DDHH, apoyo que lo arrancaría de la cárcel y lo devolvería a su centro de trabajo.
Después de esta dura experiencia Condori se alejaría de toda actividad sindical y se dedicaría a trabajar en los últimos 6 años. Él es un minero especializado en voladura y perforación con una experiencia forjada en varias minas del país. Su “tranquilidad” y la de su familia volvería a ser interrumpida el 26 de diciembre de 2017, cuando fue llamado junto a los otros 2000 compañeros de la minera, para firmar un nuevo contrato de trabajo.
Los mineros de Casapalca son tercerizados de manera fraudulenta y figuran en la contrata MIRCASEC desde hace 15 años. Todos fueron citados para firmar un nuevo contrato, esta vez para GMI, que es otra fachada de la empresa. Para la firma, pese a que ésta se realizaba en orden alfabético, Condori fue llamado casi al final. Luego se sabría por qué. Tres documentos se le colocaron enfrente: 1) Su renuncia. 2) Su liquidación por 900 soles. 3) Su nuevo contrato. Nadie, con 15 años de trabajo, renuncia porque se lo pide el patrón, sin liquidación (en este caso corresponde a 1.5 sueldos por año de servicios) ni indemnización, todo lo cual hace un promedio de 50 mil soles para arriba, dependiendo de la negociación. Pero engañados por su junta directiva, los 2000 trabajadores firmaron. Condori fue el único que se reveló y no aceptó firmar denunciando el hecho ante todos sus compañeros.
Es en tales circunstancias que, el 2 de enero del 2018, a Condori no le permiten el ingreso a la mina indicándole que “su contrata ya no existe”. Presto en cuestiones sindicales de inmediato gestionó una constatación policial. En dicha constatación los funcionarios de la empresa se ven obligados a reconocer que Condori trabajaba en la empresa, pero que su lugar de trabajo era en la Unidad Minera Londres, ubicada a dos kms. de la principal. Condori acepta y se acomoda en su nueva labor. Pasan tres meses, en los que se da cuenta que él era el único que figuraba como trabajador de MIRCASEC.
El 14 de marzo la empresa monta una escena para producir su despido: no lo dejan ingresar manifestándole otra vez que “la contrata no existe”. Vuelve entonces a buscar la constatación policial, con la novedad de que esta vez ni el Juez ni la Comisaria quieren atenderlo, poniendo en evidencia que querían fabricarle una ausencia de tres días para justificar su despido. Decide desplazarse hasta Yauli, en La Oroya, donde sí lo atienden, desde donde traslada a la autoridad policial para que realice la constatación. Apersonados Condori y el Policía a la mina no encuentran a nadie: las puertas de Administración y del Jefe de Guardia lucen cerradas porque todos se habían escondido. Visto el desplante el policía ejerce su autoridad y tras caminar y caminar y golpear puerta obligan a uno de los funcionarios a dar la cara. En su manifestación este funcionario reconoce que la gerencia de Lima había ordenado no permitir el ingreso de Condori a la mina. Con esta constatación en la mano, Condori se apersona a la Dirección Regional de Trabajo de la Oroya donde presenta la denuncia por despido arbitrario, la que es aceptada.
El 15 de marzo Condori obtiene una primera resolución sobre su demanda que le es favorable; la resolución indica: reposición a la planilla de Casapalca porque demuestra la desnaturalización de su contrato; así demuestra de paso que tuvo razón al no firmar los documentos que la empresa le puso enfrente. Un mes después obtiene una segunda resolución que reafirma la primera. Ante esto la empresa finge que acepta su reincorporación pero le ofrece destacarlo a Puno o Huaraz. El 12 de junio, ante la diligencia de ejecución de sentencia, la empresa finalmente acepta reincorporarlo a sus labores en Casapalca, lo que haría efectivo el 26 de junio.
El 26 de junio, a la hora de costumbre Condori se presenta a trabajar pero nuevamente un funcionario lo inquiere para que se apersone a la Administración. En esa oficina el administrador Pedro Gonzales le entrega una nueva carta que dice: “pre despido”. Su nuevo despido se hace efectivo días después. Así, el mismo día que debe reincorporado de un despido injusto lo vuelven a despedir. La “justificación” para el nuevo despido es que es un “ex procesado”.
Pedro sufrió injusta cárcel por 15 meses, y su caso fue archivado y él mismo fue reincorporado a sus labores. Pero 7 años después, en lugar de ser indemnizado por tremenda injusticia se lo castiga con un nuevo despido. No obstante para Condori es fácil demostrar que fue absuelto y con su respectivo certificado gestionar su nueva reposición. Pero no. Los Gubbins ahora manipulan y mandan filmar jueces intentando obtener pruebas contra él, en un ardid ilegal que APRODHE, organismo de derechos humanos que asumió su defensa y conoce su caso, ha denunciado públicamente. Como resultado de estas artimañas, cuando Condori se presenta para solicitar el certificado policial de su absolución, se entera que su expediente judicial… se ha “extraviado”.
El fondo de todo el problema no solo es el abuso contra Pedro Condori sino que con su caso se busca enterrar el abuso consumado contra los 2000 obreros de Casapalca, “renunciados” sin derecho alguno y registrados 15 años después en una nueva service. Estos abusos se cometen pese a que por su condición laboral, la mayoría de ellos, incluido el mismo Condori, literalmente dejan la vida en el socavón, donde adquieren silicosis y neumoconiosis acortando sus esperanzas de vida, cuando no pierden la vida misma bajo un derrumbe como sucede con harta frecuencia.
Los trabajadores solicitan a las organizaciones obreras, populares y organizaciones democráticas a enviar pronunciamientos de solidaridad con Pedro Condori.
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