La gran preocupación que refleja la pequeña representación aprista en el Congreso por la nueva investigación preliminar abierta contra el expresidente Alán García, por el caso del terminal Norte del Puerto del Callao, obedecería a que les habrían informado que la fuente del caso sería nada menos que el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo.
El mismo informante que habría prevenido a los apristas el sábado 17 de noviembre que el fiscal José Pérez pediría la prisión preventiva de su líder, habría indicado que para reabrir su expediente de colaboración eficaz, Cuba Hidalgo habría revelado los detalles del presunto negociado con APM Terminals.
Y lo que habría ocurrido es que como el tema no cae dentro de la competencia del equipo especial Lava Jato, que persigue solo delitos cometidos por las constructoras brasileras, el tema tuvo que ser derivado.
Esto, más la abundante información generada por el amplio conocimiento que Cuba Hidalgo tendría del caso ya que participó en la elaboración de las bases del proyecto y monitoreó el proceso de adjudicación de la concesión, el caso fue trasladado al Procurador Anticorrupción Amado Enco, a fin de que proceda a denunciarlo ante una fiscalía anticorrupción, lo que recayó en la Segunda Fiscalía Anticorrupción.
Que pruebe lo que dice
Por eso es que Mauricio Mulder, uno de los principales defensores políticos de AG, volvió a las andadas al acusar al Gobierno de Martín Vizcarra de ordenar a Enco que denuncie el caso para intensificar la supuesta “persecución política” contra su líder.
Por su parte, Jorge del Castillo, con un enfoque más abogadil, pretendió descalificar la denuncia de Enco señalando que no tiene fundamentos, no está vinculada a ningún supuesto soborno y solo se refiere a actos administrativos del régimen de AG.
Contra ambos, pero en particular contra Mulder, ayer se pronunció el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, emplazándolo a que pruebe la vinculación del régimen con la denuncia, porque los apristas son maestros en denunciar sin fundamentos.
El caso
La denuncia por la concesión del Terminal Marítimo Norte del Callao a APM Terminals, es contra Alan García, Enrique Cornejo, Jorge Cuba, los directivos de APM, Henryk Lungaard y Klaus Burger, y otras 19 personas, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Ocurrió que a poco de terminar su Gobierno, en enero del 2011, AG expidió dos decretos de urgencia para declarar de necesidad nacional y ejecución prioritaria 33 proyectos de inversión, entre ellos el Terminal Norte del Callao.
El interés de AG en esta concesión era tan alto que dos meses después, el 1 de abril del 2011, el MTC otorgó la concesión por US$ 1.900 millones, en la modalidad de iniciativa privada.
Pero al firmarse el contrato, el 11 de mayo, se cambio la modalidad a asociación en participación, con lo cual fueron transgredidos una serie de reglamentos.
Ya en el Gobierno de Humala, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales a los decretos de urgencia y, por tanto fueron derogados.
Algo más
Lo más grave es que debido al cambio de modo de concesión el Estado sufrió perjuicio económico por US$247 millones.
Diario Uno, 03.12..2018
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