Audiencia del próximo 26 de enero determinaría responsabilidad de Fujimori en esta matanza.
Por Ernesto Toledo Brückmann
El activista de derechos humanos, Francisco Soberón, sostuvo que de acuerdo a lo que determine la Sala Penal Nacional en la audiencia del próximo 26 de enero, se solicitará la inaplicabilidad del Derecho de Gracia que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al ex presidente Fujimori, con la pretensión de cortar el proceso judicial que lo involucraría en la masacre de Pativilca.
“La audiencia del 26 de enero será muy importante; de acuerdo a ello se solicitará la inaplicabilidad del Derecho de Gracia que PPK le otorgó al dictador Fujimori, con la pretensión de que se corte el proceso judicial que lo involucraría en el caso Pativilca”, sostuvo el director fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en declaraciones al Diario UNO.
También aseguró que “Si en los casos de Barrios Altos y La Cantuta le adjudicaron responsabilidad a Fujimori, con mayor razón en Pativilca” donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales a seis personas.
Finalmente recordó que el caso Pativilca ingresó a la opinión pública y al propio Poder Judicial chileno (país que lo extraditó hacia el Perú) con más tardanza que otros casos debido a la responsabilidad de Fujimori y de toda la cadena de altos mandos tras la confesión de uno de los integrantes del Grupo Colina.
Pativilca: crónica de una matanza
La matanza de Pativilca, rodeada de una crueldad espeluznante, fue tan condenable pero menos mediática que las de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). La madrugada del 29 de enero de 1992, más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La Cantuta, agentes del Grupo Colina al mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Martín Rivas, acudieron al distrito de Pativilca, provincia limeña de Barranca, para cumplir con un “encargo” del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.
Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de pertenecer al grupo subversivo Sendero Luminoso y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano”.
Por orden de Hermoza y bajo la dirección de Martin Rivas, los agentes llegaron a esa localidad a las dos de la mañana; sacaron de sus casas a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). Los sujetos se apropiaron de dinero y luego generaron una explosión que atemorizó a la familia. Ellos, en medio de la confusión, alcanzaron a ver dos camionetas marcharse.
Los familiares visitaron todas las comisarías de la zona donde les negaron haber realizado alguna batida en la zona. Recorrieron hospitales y la morgue, sin hallar nada.
Desgarradores testimonios
Cerca de las 6 de la tarde del 30 de enero, José Luis Agüero Rivera, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos. “Un amigo que bajaba con su camión me contó que había visto varios cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso. Cuando fui a verlos encontré un cuadro horrible. Mi hermano tenía disparos en la cabeza, pero había otros dos señores que estaban torturados, quemados, parecían que les habían puesto soplete”, contó Agüero. En ese entonces, los familiares aseguraron ante la policía que los victimarios eran militares, sin embargo, poco hicieron para investigar el caso.
“Mi hermano Felandro era el cuarto de 8 hermanos. Era un muchacho muy tranquilo, el más sano de todos. No estaba metido en actividades políticas, o con los del partido (senderista), para decir que lo mataron por eso”, declaró Domingo Castillo Manrique.
“Si hubiera sido terrorista, él hubiera estado escondido. Pero estaba con nosotros, durmiendo. No sabemos por qué se lo llevaron. Acá mucha gente ha sido confundida. Nosotros sabíamos quiénes estaban metidos con el terrorismo, pero esa gente desapareció días antes“, agregó
Posteriormente, se corroboró que los pobladores fueron reducidos, torturados con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.
Fujimori lo sabía
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, este operativo formó parte de un plan formulado por la Dirección de Inteligencia y aprobado por el Comando General del Ejército por órdenes de Montesinos y con el conocimiento del entonces presidente Fujimori.
Para dar con la responsabilidad de Fujimori en el crimen, fue clave la confesión del técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina.
El 8 de febrero del 2008, y durante una sesión judicial, Ortiz Mantas señaló que Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el ex agente respondió:
“(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general) Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército), el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (…) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.
Por la forma en que ocurrieron los hechos, se establece que incurrieron en el delito de homicidio calificado con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998 por las Naciones Unidas para casos de violación a los derechos humanos.
Fujimori podría ser ahora procesado por la matanza de Pativilca ejecutada por el cabecilla de estos asesinatos mayor (r) EP Martin Rivas.
Justicia chilena
En junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori para procesarlo en el Perú por la masacre de Pativilca.
En su fallo unánime, la justicia respaldó la decisión del ministro instructor Ricardo Blanco respecto al delito.
“Esta Corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori”, indica la resolución.
El fallo también señala que los crímenes de Fujimori “constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Acusación formal
Posteriormente, en julio, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó a Fujimori entre los responsables de la matanza, solicitó 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 500 mil soles para cada uno de los herederos legales de las víctimas.
El despacho presidido por el fiscal Luis Landa Burgos, acusó al ex mandatario de autoría mediata y fundamenta su responsabilidad por haber aprobado una política antisubversiva que implicaba la ejecución de operaciones especiales para asesinar a sospechosos de terrorismo.
Gracia anticonstitucional
El ex fiscal superior Avelino Guillén sostuvo que esta gracia presidencial vulnera lo establecido en el artículo 118 e inciso 21 de la Constitución respecto a los plazos señalados.
“Corresponde al presidente de la república: (…) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.”
Guillén recordó que la gracia presidencial corta un proceso en trámite pero la propia Constitución ha establecido parámetros, como el exceso de vencimiento de los plazos establecidos en la norma. “Y eso no se da en el caso Fujimori y es por eso que existe unanimidad de los especialistas en considerar que el Poder Judicial tiene que declararla inaplicable”, añadió.
También explicó que el plazo se computa a partir del día en que la Corte Suprema de Chile autorizó el procesamiento del ex presidente (desde que el expediente llega con la resolución de Chile que faculta al Poder Judicial peruano para que procese al ex dictador por el Caso Pativilca). “Que yo recuerde no han transcurrido ni siete meses de esa fecha”, apuntó.
Finalmente, Guillén cuestionó que el presidente se haya inmiscuido al otorgar una gracia presidencial en un proceso en el que no han transcurrido los plazos que señala la Constitución.
Gracia inaplicable
El exprocurador César Azabache coincide en que la gracia presidencial concedida a Fujimori no es aplicable al caso Pativilca porque el plazo de instrucción comenzó en junio y no llega a los 24 meses que señala la Constitución para que la medida otorgada sea efectiva.
En ese mismo sentido, la directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, sostuvo que dicha medida se aparta de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en materia de derechos humanos.
Diario Uno, 10.01.2018
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