Por Oswaldo de Rivero Barreto
El parlamentario aprista Jorge Del Castillo ha preparado legislación que permite inversiones extranjeras en los 50 Km fronterizos de las fronteras del Perú. Lo ha hecho sin importarle que la legislación chilena vigente tiene un tratamiento diferenciado para extranjeros en general y otro específico para peruanos y bolivianos.
Invita a la reflexión y análisis el hecho que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso aprobara un dictamen de ley que “interpreta” el artículo 71.° de la Carta Magna, cuando este artículo, de por sí, es muy claro.
Por Alfredo Palacios Dongo
En el Perú tenemos 7,192 kilómetros de fronteras terrestres que limitan con cinco países: con Brasil (2,822), Colombia (1,626), Ecuador (1,528), Bolivia (1,047) y Chile (169). La Constitución dispone que el deber primordial del Estado es establecer y ejecutar la política de fronteras (artículo 44.o), además, hace 7 años tenemos la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza (Ley 29778 junio-2011) y su reglamento (DS 017-2013-RE abril-2013) que establece el desarrollo de fronteras e integración fronteriza como política de Estado con participación de los niveles de Gobierno Nacional y gobiernos regional y local, y además, es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, sin embargo, la mayor parte de nuestras fronteras están descuidadas y abandonadas, la mayoría de distritos de éstas zonas fronterizas se encuentran entre los quintiles pobre, muy pobre y pobre extremo en los Índices de Carencia, especialmente en Loreto (Yaquerana-Alto Tapiche, Morona, Putumayo-Napo, y el Trapecio Amazónico), Ucayali (Purús, Yurúa, Masisea, Tamaya), Amazonas (Río Santiago y Alto Camaina Cordillera del Cóndor) y Tacna (La Yarada-Los Palos).
Por Jorge Brousset Barrios (*)
En el siglo XIX el puerto de Arica era vital para Tacna y el comercio boliviano, pero debido al desarrollo de diversas redes de vías de comunicación terrestres, el aumento de la capacidad de carga de vehículos pesados y la posibilidad de nuevas instalaciones ferroviarias intercontinentales, se ha experimentado un cambio sustantivo en las potenciales facilidades logísticas regionales que acortan tiempos, distancias y viabilidad logística, abarcando mayores áreas de integración multirregional, lo cual convierte al puerto de Ilo y/o costas aledañas de nuestro litoral, a través de adecuadas y modernas instalaciones portuarias, en una real y efectiva competencia al puerto de Arica para la región sur del Perú y oeste boliviano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró hoy que el Perú no ha ratificado la Convención del Mar.
Hugo Ramírez Canaval
Contraalmirante
Estoy leyendo un artículo del distinguido internacionalista y catedrático universitario doctor Miguel Angel Rodríguez Mackay, que titula “¿Hasta cuándo esperar la adhesión del Perú a la Convemar?”, que no es el primero de su autoría sobre el tema, pero igual me ha sorprendido, por lo que con el debido respeto por la persona así como por sus ideas y sin ánimo de discusión, sabiendo —-además— que la palabra del Dr. Rodríguez Mackay es muy escuchada por muchos seguidores, me permito expresar un comentario como una información diferente, en asunto de tanta importancia para el interés nacional. Pero antes, creo que debemos recordar el meollo del asunto: hablar de “adherir” es decirle SÍ a la Convención del Mar, conocida también como “Convemar”. Es aceptar ser miembros de la Convemar.
Por Alfredo Palacios Dongo
En la denominada triple frontera se unen los dos mayores productores mundiales de cocaína (Colombia y Perú) y el mayor consumidor en Latinoamérica (Brasil). La localidad de Santa Rosa, último poblado peruano de la región Loreto colinda con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) y es conocido como centro de acopio de drogas; aún con esporádicas operaciones contra el narcotráfico policiales y militares entre los tres países, en nuestra frontera se incrementa el tráfico de drogas conforme aumentan los cultivos de coca; la pasta básica pasa literalmente flotando desde Santa Rosa a Leticia y Tabatinga escondida en botes y hasta en vientres de pescados congelados es una corta navegación de cinco minutos por el río Amazonas. Santa Rosa tiene apariencia de abandono, calles de tierra, suelos inundables, dos pequeñas escuelas, una posta médica y mínimo personal policial, sin embargo, en la zona de nuestra frontera la trata de personas es una actividad cotidiana donde muchas menores son traídas vía fluvial desde Iquitos.
No hay presencia del Estado en Santa Rosa (triple frontera)
Por Alfredo Palacios Dongo
Hace más de dos años se creó el distrito tacneño La Yarada-Los Palos (ley N.º 30358 fecha 8 noviembre 2015) el cual limita por el sur con Chile por la línea de frontera hasta su intersección con el Océano Pacífico en el punto Concordia, inicio de la frontera terrestre (Tratado de 1929), y, aunque su creación se adecuó al marco jurídico Chile protestó porque el nuevo distrito incluía el triángulo terrestre, el canciller Heraldo Muñoz sostuvo que la norma peruana “no tiene valor jurídico”, el ministro de Defensa José Gómez advirtió que “ese territorio era chileno”, inclusive el presidente de la Comisión de infraestructura del Consejo Regional de Arica, Rodrigo Díaz, planteó “cercar el Hito 1 y convertirlo en terrenos agrícolas”; por esta razón es muy preocupante que el excanciller Ricardo Luna haya manifestado que “no existen problemas limítrofes con Chile y el triángulo terrestre no existe”, sería importante conocer la posición de la nueva canciller, Cayetana Aljovín.
Desde el nacimiento de la República, el Estado peruano careció de una política de fronteras. Hoy, por primera vez en 196 años, nuestro país elabora una política nacional con el fin de desarrollar las zonas limítrofes, como reveló en una reciente entrevista el director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería, Juan del Campo Rodríguez.
Acusación alcanzaría a ministros Giuffra y Olaechea
El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre presentó una denuncia ante el Ministerio Público a todos lo que resulten responsables, entre ellos el actual ministro Pedro Olaechea y el anterior ministro de Producción, Bruno Giuffra, por la presunta comisión de delitos contra el Estado y Defensa Nacional al permitir que el grupo Saga Falabella haya adquirido terrenos dentro de los 50 kilómetros de la frontera entre el Perú y Chile.
 |
 |
 |
